El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos sección de Puerto Rico, José Rodríguez, denunció este jueves la persecución policial a la que ha sido sometida Juana Burgos Valdés y en general la que sufre la comunidad de su país en el Estado Libre Asociado.
San Juan, EFE. El Comité Dominicano de los Derechos Humanos denuncia persecución policial y discriminación racial contra la comunidad de su país en Puerto Rico por parte de las fuerzas de seguridad de la isla.
El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos sección de Puerto Rico, José Rodríguez, denunció este jueves la persecución policial a la que ha sido sometida Juana Burgos Valdés y en general la que sufre la comunidad de su país en el Estado Libre Asociado.
Rodríguez aprovechó una conferencia de prensa en la que se dio a conocer el caso de Burgos Valdés para señalar que las fuerzas del orden puertorriqueñas acosan de forma reiterada a los miembros de la comunidad dominicana en Puerto Rico, que según sus cálculos se eleva a medio millón de personas.
Dijo que la Policía de Puerto Rico y la Municipal de San Juan confunden sus atribuciones al desempeñar, en ocasiones, sin contar con potestad para ello, tareas de agentes de inmigración.
"Criminalizan por el perfil racial", subrayó, tras indicar que la Policía de la isla caribeña exige documentación a ciudadanos dominicanos al sospechar, por su aspecto físico, que se trata de personas de esa nacionalidad.
Rodríguez destacó como ejemplo reciente de esa discriminación el caso de la dominicana Juana Burgos Valdés, que según dijo ha sufrido en su persona el acoso de las fuerzas de seguridad locales a los dominicanos que viven en Puerto Rico.
Burgos Valdés, que acompañó en la conferencia de prensa a Rodríguez, explicó que su caso se remonta al pasado 8 de diciembre, cuando, según la versión del presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, la ciudadana dominicana fue vejada por agentes de la Policía de Puerto Rico.
Unidades de la Policía se presentaron en el establecimiento de venta de bebidas alcohólicas que regenta Burgos Valdés y exigieron que les mostrara su identificación, el comienzo de lo que la afectada dijo se convirtió en un episodio de vejaciones.
Burgos Valdés señaló que una agente que participó en los hechos la llamó "puta dominicana", previamente a ser golpeada y esposada durante 4 horas antes de ser acusada de permitir la prostitución en su local.
La abogada de Burgos Valdés, Ana Camila Colón, aclaró que el juez que atendió el caso no encontró causa y lo desestimó por falta de pruebas.
El local de Burgos Valdés ha sido objeto de más de 10 intervenciones por parte de las fuerzas de seguridad en el plazo del último año, lo que la afectada atribuye a haber actuado como testigo en contra de un grupo de policías en un caso que se remonta a 2002 y en el que estuvo implicado otro ciudadano dominicano.
Según su versión, agentes de la Policía llegaron a amenazarla de muerte si testificaba en ese caso.
El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos exigió a las autoridades locales que pongan fin a lo que denominó como patrón de discriminación que llevan a cabo agentes de la Policía estatal y del Municipio de San Juan contra ciudadanos dominicanos desde hace más de una década.
Rodríguez, incluso, señaló que dentro de la Policía de Puerto Rico existen individuos que catalogó de "grupo de paramilitares" y delincuentes que se dedican a abusar de ciudadanos dominicanos.
Dijo que esos policías corruptos se ceban con los dominicanos, exigiéndoles, de forma reiterada, documentación y los permisos de apertura de sus negocios, prácticas que se cometen de forma mayoritaria en San Juan, en concreto en los distritos de Santurce y Río Piedras donde se concentra buena parte de la comunidad dominicana de la capital.
Además, advirtió que si no se pone fin a esas prácticas la organización que representa llevará el caso de Burgos Valdés a instancias internacionales.
Recordó también que las protestas ante el exalcalde de San Juan Jorge Santini no sirvieron de nada y que la Policía de la capital ha mantenido prácticas discriminatorias desde hace muchos años contra los dominicanos.
