Londres. La organización Amnistía Internacional (AI) denunció el "elevado" índice de "delincuencia violenta" en Brasil, al que "las autoridades respondían a menudo recurriendo a la tortura y el uso excesivo de la fuerza".

"La violencia delictiva se cobró la vida de decenas de miles de personas - con un número desproporcionado de jóvenes negros entre las víctimas- especialmente en el norte y noreste del país", dice AI en su informe sobre los DD.HH. en 2012.

No obstante, destaca algunos proyectos para afrontarla y la reducción del número de asesinatos en algunos estados, como el de Río de Janeiro, con las unidades de Policía Pacificadora instaladas en las favelas, aunque expresa preocupación por la reducción de la financiación del gobierno federal para destacados programas de seguridad ciudadana.

Según AI, en los estados de Río y Sao Paulo "los homicidios cometidos por policías seguían registrándose como 'actos de resistencia' o 'resistencia seguida de muerte'", y casi ninguno de esos casos se investiga de "forma efectiva", aunque hubo iniciativas oficiales para abandonar esas denominaciones y promover investigaciones.

El informe destaca asimismo que en el estado de Sao Paulo "el número de homicidios aumentó espectacularmente" y entre enero y septiembre hubo 3.539 asesinatos. También hubo un "pronunciado aumento" de los homicidios de policías: sólo en noviembre murieron más de 90".

A mediados de 2012, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura "expresó preocupación por el uso generalizado de la tortura" y por el hecho, dice AI, de que "las autoridades no garantizaran investigaciones ni procesamientos efectivos".

No obstante, las autoridades brasileñas han dado algún paso con la formulación de un plan cuyo elemento central es la legislación federal, "aún pendiente", que se adecúe a lo dispuesto por la ONU.

Según Amnistía, en 2012 había en las cárceles de Brasil un déficit de "más de 200.000 plazas, por lo que las condiciones crueles, inhumanas y degradantes eran habituales".

En el caso del estado de Amazonas se "recibieron numerosos informes de tortura, con prácticas de semiasfixia con una bolsa de plástico, palizas y descargas eléctricas".

Para la organización, el problema agrario sigue pendiente: "cientos de comunidades estaban condenadas a vivir en condiciones atroces porque las autoridades no respetaban ni defendían su derecho constitucional a la tierra".

Además, AI expresa preocupación por iniciativas que podrían llevar a que se autorizaran proyectos mineros o energéticos en territorios indígenas sin el "consentimiento" libre e informado de las comunidades afectadas.

AI reseña además denuncias de grupos indígenas que sufren intimidaciones y violencia, y "desigual" protección de los defensores de los derechos humanos.

Para Amnistía Internacional, en Brasil prosiguió la mejoría de la economía, lo que permitió que un mayor número de personas salieran de la pobreza extrema, pero algunos proyectos de desarrollo perjudican a los sectores más débiles de la sociedad.

También recuerda que Brasil fue reelegido miembro del Comité de DD.HH. de la ONU. Pero el país, que criticó las violaciones de derechos humanos en el conflicto en Siria, "se abstuvo" en la votación de una resolución de la Asamblea General sobre la situación en Irán.