La reforma, aprobada en el último de ocho debates, impide que muchos delitos cometidos por militares y policías sean investigados por la Fiscalía General de la Nación.

Bogotá. El Congreso de Colombia aprobó el martes una reforma a la Constitución que permite que la mayoría de delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas sean investigados por cortes militares, pese a las advertencias de organizaciones que temen que se abra un camino a la impunidad y aumenten las violaciones a los derechos humanos.

Las críticas al fuero militar han sido lideradas por la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos que sostienen que la reforma podría hacer que soldados y policías no sean castigados por supuestos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto interno de casi 50 años.

La reforma, aprobada en el último de ocho debates, impide que muchos delitos cometidos por militares y policías sean investigados por la Fiscalía General de la Nación.

Pese a las críticas, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que la reforma no permitirá la impunidad porque los militares y policías que comentan delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado serán juzgados por tribunales civiles.

"Esta es una reforma progresista que deja tranquilos a todos los sectores de la opinión y a los activistas de Derechos Humanos en Colombia y en el mundo, porque con la ampliación de la lista de delitos que se excluyen de la justicia militar, se logra garantizar que se evite la impunidad y se asegure una defensa justa a los miembros de la Fuerza Pública", explicó.

El Gobierno colombiano asegura que los efectivos de sus Fuerzas Armadas necesitan una garantías mínimas para enfrentar a los grupos armados ilegales como la guerrilla y las bandas criminales, debido a que en ocasiones han sido condenados por conceptos como la superioridad numérica frente a los adversarios en el campo de batalla.

Seguridad jurídica. "El Congreso de Colombia, hace más de un año, se comprometió con las Fuerzas Militares a entregarles seguridad jurídica. Hoy cumplimos nuestra palabra y nuestro deber. Cada soldado y cada policía de la patria tiene la seguridad jurídica que hace muchos años no tenía", dijo el presidente del Senado, Roy Barreras.

Pese una notable mejoría en los últimos años, las Fuerzas Militares de Colombia afrontan un largo historial de violaciones a los derechos humanos, principalmente ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y desapariciones forzadas.

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo en la antesala de la aprobación por parte del Congreso que la reforma pone, salvo las siete excepciones, todas las violaciones al Derecho Internacional Humanitario en manos de la justicia penal militar.

Vivanco afirmó que la lista de excepciones es incompleta e incorpora dos figuras delictivas que no están tipificadas plenamente en Colombia como son las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.

El activista de derechos humanos explicó que delitos como mutilaciones, lesiones graves, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como las detenciones arbitrarias, pasarán a la justicia militar.

El director de Human Rights Watch había recomendado crear una unidad especialidad en violaciones al Derecho Internacional Humanitario en la Fiscalía General, pero no prosperó.

"Retrotrae las reglas y confiar todo a la autorregulación de los militares, que pasan a ser juez y parte, me parece una perfecta receta para el retroceso en derechos humanos y para la impunidad", advirtió.

La reforma deberá ir a un trámite de conciliación entre el Senado y la Cámara de representantes antes de la sanción por parte del presidente Juan Manuel Santos. Posteriormente una corte examinará la legalidad de la ley aprobada.

En el último debate se incluyó un artículo para dar un plazo de un año, a partir de la promulgación de esta reforma, para que la Fiscalía y la justicia militar definan qué casos deben ir a la jurisdicción castrense y cuáles se deben quedar en la ordinaria.