El Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche de este jueves la resistida Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación Comunitaria.

Esta ley, con la que se busca mejorar la calidad de educación en la escuela pública, mantendría intactos los derechos y deberes del Estatuto del docente.

En la sesión y en las reuniones sostenidas con la dirigencia magisterial se garantizó una vez más que no se busca municipalizar o privatizar la educación.

A propuesta del presidente del Congreso, Juan Hernández, anoche se aprobaron todos los artículos, excepto el concerniente a la vigencia de la ley, una situación que abre las puertas para que la misma pueda ser objeto de cambios o de reconsideraciones al momento de ratificarse en acta.

Este procedimiento también deja abierta la posibilidad de que esta ley nunca entre en vigencia, ya que la misma puede ser retirada de la agenda de discusión, que es una de las condiciones que pone el magisterio para continuar el diálogo.

El dictamen modificado se aprobó anoche en medio de un ambiente de oposición por parte de sectores políticos al interior del mismo Congreso y de los líderes magisteriales que ayer hicieron el último intento por detenerla.

No obstante, el tema ingresó a discusión luego de que Hernández, al abrir la sesión, pidiera a los diputados que se pronunciaran si estaban a favor de aprobar dicha legislación.

La dirigencia se mantuvo por varias horas en diálogo con la directiva del Congreso, conversaciones en las que los líderes mantuvieron firme su posición en contra de la ley.

Así lo expresaron a su ingreso y a la salida de las reuniones que se prolongaron desde las 11:30 de la mañana hasta las 6:45 de la tarde, en el salón de retratos del Legislativo.

La votación. Hernández abrió la sesión a las 6:00 de la tarde, ante el malestar de los diputados liberales que en ese momento daban golpes a las butacas por el retraso.

La asamblea había sido convocada para las 11:00 de la mañana.

Luego de votar por la consulta, 92 diputados estuvieron a favor de que anoche mismo se aprobara el polémico decreto, unos 20 estuvieron en contra y siete diputados se abstuvieron.

Hernández expuso que para dar muestras de flexibilidad se iba a dejar en suspenso el artículo de la vigencia, a fin de dar un espacio de reflexión a la dirigencia magisterial para que el martes, con motivo de la ratificación del acta, se pudieran introducir las enmiendas o reconsideraciones que pudiera proponer el magisterio.

Cabe destacar que las fuerzas políticas del Legislativo en el curso del día ya habían tomado decisiones respecto al tema en discusión. Solo la bancada oficialista, de manera unánime, acordó que no se diera más dilaciones a la aprobación.

De hecho, fue el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto el que presentó la moción de dispensa del segundo debate, la que al ser sometida a votación fue aprobada con 93 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones.

Los liberales dejaron en libertad a sus miembros para que votaran a favor, en contra, o se abstuvieran, y así se reflejó en las dos primeras votaciones.

El diputado Carlos Martínez votó públicamente en contra.

El líder de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra, hizo un llamado para que se mantuviera el diálogo y confió en que la aprobación de la citada ley no fuera a convulsionar más la situación del país.

Saavedra lamentó que no se le diera la suficiente discusión, al tiempo que solicitó que si quedaba en suspenso el artículo de la vigencia, sería mejor postergar la discusión para darle el tiempo necesario a los maestros para que presenten sus observaciones a esta ley.

Por su lado, el coordinador de la bancada del Pinu ratificó la posición en contra que ha venido manteniendo con respecto a esta ley porque -dijo- "no viene a resolver la crisis entre maestros y gobierno, sino más bien a complicar la situación".

En los mismos términos se refirió el jefe de la denominada bancada golpista de UD y dirigente zelayista, Sergio Castellanos, que manifestó que no era el momento para que dicha ley fuera aprobada, porque lejos de mejorar la situación viene a empeorarla, incluso, en vez de fortalecer la educación pública, esta ley viene a debilitarla", dijo.

"Nos parece que hay una medición de fuerzas entre el gobierno y el magisterio que no es la vía adecuada al conflicto educativo, subrayó.

En tanto, el jefe de la bancada del partido Demócrata Cristiana, Augusto Cruz Asensio, expresó el apoyo a la iniciativa y concluyó la misma "es congruente con la doctrina democristiana de fomentar la participación ciudadana en aspectos que conciernen a su bienestar".

Admitió que la ley no viene a resolver la crisis educativa, tampoco el caos que existe en el sistema educativo, pero es el comienzo para darle punto final al desastre que existe en la educación.