Lima. El Congreso de Perú comenzó este martes a estudiar los informes de una comisión parlamentaria que investigó nueve presuntos casos de corrupción en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), quien lo considera un "desacato" a la justicia.

La sesión comenzó con una exposición por parte del parlamentario oficialista Sergio Tejada, quien presidió la "megacomisión" que investigó los casos, uno de los cuales se refiere a los indultos y conmutaciones de pena concedidos durante el mandato de García.

Se calcula que hay unos 400 procesados por narcotráfico entre los más de 5.000 beneficiarios de medidas de gracia en ese periodo.

Tejada afirmó que dentro del gobierno de García se constituyó una presunta asociación ilícita para "tener un control absoluto para otorgar masivamente las gracias presidenciales", la cual infringió la ley y benefició a bandas completas de narcotraficantes.

El legislador indicó que entre los beneficiados hubo internos que se encontraban con régimen de semi-libertad y también otros que todavía no habían recibido sentencia, como el exjefe del Seguro Integral de Salud Julio Espinoza, que fue procesado por la sobrevaloración de alimentos para los afectados del terremoto de 2007 en Pisco.

Alan García manifestó, a través de un comunicado difundido este jueves por su oficina, que el debate de los informes de la "megacomisión" es un desacato a la justicia, porque el Poder Judicial los declaró recientemente nulos por presuntas irregularidades.

La comisión concluyó que se creó un poder judicial paralelo para la excarcelación de internos por narcotráfico, entre otros delitos.

Otros informes que se presentarán ante el Congreso se refieren a presuntas ilegalidades en la modernización de colegios, la empresa de agua potable, el programa Agua para todos, la emisión de decretos de urgencia y el espionaje telefónico conocido como caso BTR.

Alan García manifestó, a través de un comunicado difundido este jueves por su oficina, que el debate de los informes de la "megacomisión" es un desacato a la justicia, porque el Poder Judicial los declaró recientemente nulos por presuntas irregularidades.

"Cuando en absoluto desacato y desafío a la sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada, la mayoría 'gobiernista' y sus aliados pretenden debatir y votar esos informes nulos, afectan gravemente los fundamentos del Estado de derecho con el exclusivo propósito de dañar e inhabilitar electoralmente a Alan García", señala el comunicado.

El ex presidente agregó que la concesión de gracia es un derecho presidencial establecido en la Constitución y que sólo está prohibida para los casos de secuestro, violación y terrorismo.

Asimismo, aseguró que ninguna prueba o documento lo vincula con el supuesto cobro para otorgar estos beneficios.