El Congreso Nacional aprobará la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas, en el marco de un paquete de medidas de emergencia para combatir la delincuencia y fortalecer la Secretaría de Seguridad.

Los proyectos de ley serán introducidos al plenario en las sesiones que el Congreso Nacional realizará esta semana en La Ceiba, adonde los diputados se han desplazado con motivo de la Feria Isidra y el carnaval ceibeño.

La intervención. La ley especial que es impulsada por el diputado nacionalista por Santa Bárbara, Mario Pérez, se basa en tratados internacionales como la Convención de Viena de 1998 y Convención de la ONU contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que reconocen que los países deben implementar en casos extraordinarios técnicas de investigación no convencionales, como la intervención de las comunicaciones privadas para combatir cierto tipo de crimen organizado.

El diputado Pérez explicó que esta legislación constituirá un mecanismo de investigación para la lucha contra la criminalidad tradicional, organizada o no convencional. Aclaró que sus disposiciones no violan los derechos establecidos en la Constitución.

No obstante que el derecho a la privacidad en cualquier diálogo o conversación está garantizado por la Carta Magna, sostuvo que la legislación internacional establece esta figura como soporte para las investigaciones en casos de crímenes reincidentes o de tipo organizado como el narcotráfico o los secuestros.

Expuso que el artículo 223 del Código Procesal Penal ya autoriza la intervención en las comunicaciones, especialmente en las telefónicas; sin embargo, no desarrolla un procedimiento para su ejecución, por lo que se producen inexactitudes. Con la ley se crea la Unidad de Intervención de las Comunicaciones (UIC), la que determinará y autorizará cuándo sea requerida una intervención. Pérez explicó que existen países cooperantes que tienen ofertas concretas para donar el equipo que se necesita para la intervención de la telefonía.

Además, aclaró que "este tipo de intervenciones se harán mediante una resolución previa de un órgano judicial, ese control jurisdiccional, que es constitucional, debe mantenerse y respetarse".

"Pero también consideramos que cuando a un juez se le presentan en forma sumaria elementos probatorios o indicios racionales de investigación, que demuestran que una persona está vinculada a hechos delictivos, inmediatamente el juez pueda tomar la decisión de intervenir las comunicaciones de esta persona en cualquiera de sus modalidades", arguyó.

Detención por 48 horas. De igual forma, los diputados reformarán los artículos 71, 88 y 92 de la Constitución para ampliar de 24 a 48 horas el tiempo de detención de un sospecho de cometer graves crímenes como asesinato, secuestro, tráfico de drogas y robo de vehículos, entre otros, antes de entregar a la persona a disposición del tribunal respectivo, para permitir más tiempo de investigación a los organismos de seguridad civil.

También reformarán el artículo 294 del Código Penal para imponer una pena de reclusión de entre 9 a 12 años a cualquier persona que sea sorprendida utilizando uniformes, insignias, condecoraciones y equipo de uso exclusivo de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas.