Asunción. El Congreso paraguayo declaró el sábado estado de excepción en cinco departamentos del norte del país, lo que da mayor poder al presidente Fernando Lugo en la búsqueda de un grupo armado de izquierda responsable por secuestros y asesinatos.

El Senado dio finalmente su aprobación por unanimidad al polémico proyecto pedido por el mandatario, que durante los próximos 30 días tendrá la facultad de decretar detenciones sin orden judicial, luego de un trámite en las cámaras que se inició el jueves.

Los legisladores rechazaron la iniciativa presentada por Lugo pero aprobaron otra similar que afecta a los departamentos San Pedro, Concepción, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes, una zona de producción ganadera y extensos cultivos ilícitos de marihuana.

En la práctica, la medida que era frecuentemente utilizada en la dictadura del general Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, dará más herramientas a las fuerzas de seguridad y simplificará los trámites judiciales para actuar con mayor firmeza contra los miembros del llamado Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP).

Lugo pidió al Congreso declarar el estado de excepción tras el asesinato el miércoles de un policía y tres peones de una hacienda que habrían sido emboscados por integrantes del EPP internados en el bosque, cuando buscaban ladrones de ganado.

"Los militares van a empezar a adentrarse en los montes con personal entrenado en un terreno que los delincuentes conocen muy bien tienen que caer todos", dijo en la sesión el senador Luis Alberto Wagner, aliado del Gobierno.

El Ministerio del Interior, que en la víspera descubrió un campamento del grupo en la zona, esperaba la autorización para el envío de militares para capturar a la banda señalada como responsable de al menos cuatro secuestros en la última década.

Miembros del EPP habrían sido entrenados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las autoridades paraguayas temen que el grupo pueda convertirse en una guerrilla similar a la colombiana.

La declaración implica también una fuerte presión para Lugo, quien tiene problemas para gobernar con un Congreso opositor y se verá obligado a mostrar resultados tangibles en el próximo mes para evitar que aumenten las críticas respecto a su política de seguridad.

"Lugo necesita demostrar que quiere y puede desbaratar al EPP", dijo el analista político Alfredo Boccia, en un artículo publicado el sábado en el diario Ultima Hora.

Organismos de derechos humanos, organizaciones campesinas y algunos partidos políticos de izquierda rechazaron la aplicación del estado de excepción bajo el argumento de que posibilitará excesos."No hace falta declarar estado de excepción para poder detener a 20 personas que están en el monte", dijo Juan Martens, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) que aglutina a organizaciones no gubernamentales.

El Congreso puede prorrogar la medida por otros 30 días o suspender su vigencia dentro de ese período, si considera que cesaron las causas que llevaron a su declaración.