El Parlamento peruano aprobó un informe que propone acusar constitucionalmente al ex presidente Alan García por otorgamiento de unos 400 indultos a narcotraficantes y cobros irregulares por esos beneficios por parte de funcionarios, que según el exmandatario no tiene "validez ni tendrá consecuencia jurídica".

El informe de la "megacomisión" fue aprobado por el pleno del Parlamento por 53 votos a favor, siete en contra y siete abstenciones, después de un largo debate, reportó la agencia EFE.

Durante el segundo gobierno de García (2006-2011), el ex mandatario aprobó el otorgamiento de más de 5.000 indultos y reducciones de pena a procesados por distintos delitos, incluidos alrededor de 400 por narcotráfico, según el informe de la comisión parlamentaria.

De acuerdo a los indicios recogidos por la "megacomisión", los funcionarios a cargo de la evaluación de los casos cobraron para el otorgamiento de los beneficios carcelarios, que presuntamente facilitaron la excarcelación de bandas completas.

El informe aprobado pidió la acusación constitucional contra García y los ex ministros de Justicia Aurelio Pastor y Rosario Fernández por el presunto delito de encubrimiento personal y cohecho pasivo impropio, entre otros.

El legislador oficialista Sergio Tejada, que presidió la "megacomisión" y sustentó el informe ante el pleno, dijo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales "deberá definir si amerita o no algún tipo de sanción o levantamiento de inmunidad, o el antejuicio, para que se pueda ver en la Fiscalía de la Nación".

En tanto, los partidarios de García en el Congreso, Mauricio Mulder y Javier Velásquez, criticaron que el pleno aprobase un informe que ha sido declarado nulo por el Poder Judicial, por supuestas irregularidades en la investigación al ex mandatario.

Alan García reaccionó, a través de su cuenta en Twitter, a la aprobación de ese informe sobre los denominados "narcoindultos" asegurando que se trata de una "venganza conyugal", ordenada "por los Humala y (el ex presidente Alejandro) Toledo, (que) no tiene validez ni tendrá consecuencia jurídica".

García ha atribuido toda la investigación realizada por la "megacomisión" a diversos actos de su segundo gobierno a la intención del oficialismo a destruir una posible candidatura suya en 2016.