Lima. El Congreso peruano daría su voto de confianza al nuevo gabinete del presidente Ollanta Humala, pero demandaba en un debate medidas concretas para controlar los conflictos sociales que amenazan millonarios proyectos de inversión y para acelerar una baja ejecución presupuestal.

Por la tarde de este lunes el primer ministro, Juan Jiménez, se presentó para mostrar los planes de su gabinete. Tras ello, los legisladores debatían para luego votar si apoyan o rechazan al nuevo equipo de Humala, que tiene apenas un año en el poder.

El mandatario espera con este tercer gabinete apaciguar las protestas sociales que han golpeado su popularidad hasta llevarla al mínimo de su gestión.

"El voto de confianza en el Perú nunca se le ha negado a un primer ministro, si el Congreso niega dos votos de confianza el presidente está facultado a disolver el Congreso, así que nadie juega con esa pistola", dijo a Reuters el congresista de oposición Carlos Bruce.

"Pero sí va a ser una oportunidad para resaltar cosas que preocupan del Ejecutivo", agregó el legislador, quien destacó los temas de conflictos sociales, seguridad, corrupción.

El primer ministro también era cuestionado sobre el nivel de ejecución presupuestal en un clima de crecientes demandas de la población.

Si bien analistas consideran que en los últimos meses del año se suele acelerar el gasto del Gobierno, muchos ministerios tienen solo cuatro meses para ejecutar el 80 por ciento o más que aún no han tocado para gastos de inversión, de acuerdo con cifras de la cartera de Economía.

El Ministerio del Interior, que ve la seguridad en el país, ha utilizado -según cifras al 18 de agosto- apenas el 10,8% del dinero con el que cuenta para esos gastos.

La cartera de Educación, en tanto, ha usado un 20,7% en gastos de inversión, mientras que la de Inclusión Social -creada por Humala para echar a andar programas sociales clave que prometió en campaña- ha invertido sólo el 12,9% de ese renglón.

Para agilizar la inversión pública, el primer ministro afirmó a los legisladores que se simplificará el procedimiento por el cual se da el visto bueno a la ejecución de proyectos de inversión.

"Se pasará de 230 a 81 días, como máximo, para la aprobación del perfil de los proyectos de inversión pública menores a 1 millón de soles, los mismos que representan el 90% de todos los proyectos", dijo Jiménez.


El primer ministro Jiménez, un abogado experto en derechos humanos, asumió a pocos días de que Humala cumpliera un año como presidente con la misión de imprimir un tono de diálogo al Gobierno, que está bajo la presión de los casi 250 conflictos sociales que asolan al país rico en recursos naturales.

Los conflictos sociales amenazan con frenar planes mineros por unos 53.000 millones de dólares, clave para sostener el crecimiento de una de las economías que más crece en Latinoamérica.

"El gabinete anterior cayó precisamente por los problemas sociales, especialmente el de Cajamarca", dijo el legislador Michael Urtecho en referencia al rechazo al plan Minas Conga de US$5.000 millones de la estadounidense Newmont.

Este proyecto de oro y cobre fue temporalmente suspendido en parte en medio de temores de pobladores a que su desarrollo los deje sin el agua que utilizan en la ganadería y agricultura.

Al respecto, el primer ministro pidió confianza en que el Gobierno "sabrá dialogar" y precisó que introducirán reformas para fomentar las inversiones, especialmente en los sectores extractivos.

"No se trata de trabar la inversión o imponer barreras a la misma. Por el contrario, un enfoque sostenible plantea que, para que la inversión no tenga inconvenientes futuros, atienda las consideraciones que exigen los estándares ambientales que ya el Perú tiene", dijo el premier.

"Que solo se cumpla la ley y no exista lugar para que sectores radicales afloren para propósitos destructivos" agregó.

La minería representa el 60 por ciento de las exportaciones y es el mayor contribuyente de impuestos del país.

Las nuevas inversiones deberían elevar la recaudación fiscal en Perú y permitirle a Humala aplicar medidas para contentar a los miles de pobladores que se sienten lejos del boom económico doméstico.

Los conflictos -que han dejado 15 muertos en lo que va de la gestión de Humala y son principalmente contra el sector minero- llevaron su aprobación a un mínimo del 40% desde el 65% que tenía poco después de asumir.

Otro tema que centraba la atención del debate era el del combate contra los remanentes del grupo rebelde Sendero Luminoso que actúan en alianza con el narcotráfico.

El grupo han intensificado este año sus ataques, dejando hasta el momento al menos 16 militares y policías muertos en la boscosa zona del VRAEM - Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro- donde se resguardan. Solo la semana pasada, dos emboscadas en esa zona mataron a seis militares.

"El Gobierno ha aprobado el Plan VRAEM que tiene por objetivo pacificar la zona con interdicción de las actividades ilícitas. El plan considera además la necesidad de llevar al Estado a la zona", dijo Jiménez.