Las diferentes posturas políticas han aprovechado para enaltecer o denostar aspectos generales de la reforma energética, proponiendo desde modificaciones o mejoras a ciertos aspectos hasta la propia cancelación.

Ciudad de México. Sin menoscabo de las demás reformas estructurales (que desde luego, como la educativa, tendrán un impacto profundo en la realidad del país en el largo plazo), la energética es, para muchos, un verdadero parteaguas en la historia económica moderna del país.

Los artículos de la Constitución política de México más celosamente guardados fueron modificados, al tiempo que nueve leyes fueron creadas y 12 modificadas para dar cabida y forma a este esfuerzo nacional.

Como resultado de lo anterior, en las actividades de exploración y producción más de una centena de contratos han sido firmados con 70 empresas (30 de ellas mexicanas) con una inversión que podría rebasar los US$160.000 millones y crear miles de empleos directos e indirectos. Lo anterior, utilizando procesos informáticos que garantizan total transparencia en su asignación.

En las actividades de logística y almacenamiento, la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado casi 2.000 permisos para el transporte y distribución de petrolíferos, 250 permisos para su comercialización y casi 160 para su almacenamiento.

Cerca de medio centenar de empresas distintas a Pemex ofrecen combustibles con marcas y conceptos novedosos para mejorar la experiencia del consumidor. Cerca de una cuarta parte de las estaciones de servicio existentes abanderan marcas nacionales y extranjeras en estos momentos. Poco a poco el país transitará a un modelo de competencia en precios y calidad en el servicio que mejorarán las opciones a los clientes finales.

En épocas electorales, sin embargo, las diferentes posturas políticas han aprovechado para enaltecer o denostar aspectos generales de la misma, proponiendo desde modificaciones o mejoras a ciertos aspectos hasta la propia cancelación (misma que requeriría del mismo proceso con el que se originó, es decir, de la aprobación de la mayoría calificada del Congreso de la Unión y de la mayoría de los Congresos estatales).

José Antonio Meade. De los tres candidatos que son “punteros” en la pléyade de encuestas, José Antonio Meade representa la continuidad de la reforma, mostrándose por la conformación y fortalecimiento de un mercado competitivo.

Como secretario de Hacienda, el candidato Meade atestiguó el inicio de la liberalización de los precios en el mercado nacional en enero del 2017, lo que garantiza experiencia directa en el manejo y conocimiento del sector. Sabedor del impacto que tendría en las finanzas públicas el manejo de los precios por parte del gobierno, se ha pronunciado a favor de que éstos se establezcan a través del mercado.

El candidato ha propuesto tratar de lograr que la producción petrolera llegue a los niveles observados en el 2007; es decir, a los 3 millones de barriles diarios, por arriba de los 1,9 millones que se producen actualmente.

Sin que lo haya mencionado, se espera que durante su administración podrían continuar las rondas petroleras como a la fecha y que se atraiga inversión y tecnología extranjera.

Ricardo Anaya. Durante la discusión de la reforma energética, Ricardo Anaya mostró su apoyo para ser aprobada. No obstante, los incrementos recientes que se han observado en los precios de los combustibles lo han orillado a criticarla en su campaña.

Se podrá recordar al candidato Anaya comentar que “es la estructura de impuestos que eleva obscenamente el precio” de los combustibles, lo que se entiende como una dura crítica a la estructura fiscal (y no a la reforma energética en sí).

Entre sus primeras promesas de campaña, ofreció que “cuando sea presidente vamos a bajar el IVA a la mitad aquí en la franja fronteriza, y la gasolina va a costar lo mismo que en Estados Unidos, es lo justo y es lo correcto”.

En cuanto a las actividades de exploración y producción, se ha manifestado varias veces a respetar los contratos firmados. “Es impensable mandar mensajes sobre suspenderlos”, ha comentado.

Andrés Manuel López Obrador. El candidato López Obrador ha sido el más crítico de la reforma, pero también el que más propuestas de cambio ha hecho. Entre otras cosas, propone reducir la demanda (y dependencia) energética que tiene el país con Estados Unidos (actualmente se importa más de la mitad de los combustibles).

En ese sentido, se ha pronunciado a favor de detener el proceso de rondas y revisar los contratos petroleros que ya han sido asignados, por reducir o detener las exportaciones de petróleo crudo y por la construcción de dos refinerías adicionales a las seis con las que cuenta el país (cuya tasa de utilización se colocó en 42% en abril, una de las más bajas de la región, sobre todo si se le compara con la tasa de 90% con la que operan las de otros países). El costo ascendería a entre US$6.000 millones y US$8.000 millones.

También ha ofrecido congelar los precios de la gasolina durante tres años, lo que podría tener un impacto considerable en las finanzas públicas, ya que podría incluso llegar a subsidiar los combustibles en caso de que el precio internacional suba considerablemente.

Para cuando sea publicada esta columna, los candidatos habrán concluido la serie de debates, el último relacionado con crecimiento económico y desarrollo. Esta columna se pronuncia a favor del voto razonado e informado.