A través de una cadena nacional emitida la noche de este martes, finalmente la presidenta Michelle Bachelet dio a conocer los resultados del informe que le entregó el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.

El documento, publicado en el sitio web de la comisión, entrega propuestas en cinco puntos fundamentales: Prevención de la Corrupción, Regulación de Conflictos de Interés, Financiamiento de la Política para Fortalece la Democracia, Confianza en los Mercados e Integridad, Ética y Derechos Ciudadanos.

Este es el resumen de las propuestas prioritarias:

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

1. Probidad y Fortalecimiento de Municipios

Municipios son pieza clave en la vinculación del Estado con los ciudadanos y son muy diversos entre sí, tanto en recursos como en gestión. Existen márgenes relevantes de discrecionalidad de la autoridad política quien a la vez maneja una gran cantidad de recursos públicos.

Propuestas

Director de Obras Municipales deberá concursar por Alta Dirección Pública (ADP). Los responsables de Asesoría Jurídica,  Secretaría Comunal de Planificación, y de las Unidades de Desarrollo Comunitario, Administración y Control deberán postular por concurso público supervisado por ADP.

Los funcionarios de áreas sensibles deberán realizar anualmente un curso de probidad, y quienes se desempeñen en áreas de presupuesto, un curso sobre contabilidad y gestión financiera municipal. Ambos organizados por la Contraloría General de la República.

Durante periodos electorales, los municipios no podrán contratar personal a honorarios, al menos seis meses antes de una elección. Por su parte, la Contraloría General de la República supervisará el gasto municipal en publicidad, el que no podrá crecer más del 5% del promedio de los últimos tres años.

Alcaldes no podrán ser reelegidos más de una vez.

Alcaldes, concejales y jefes de unidades claves deberán realizar Declaración de Intereses y de Patrimonio, bajo sanción por incumplimiento.

Municipios estarán obligados a realizar sus adquisiciones a través de ChileCompra y se establecerán estándares de transparencia y calidad para las licitaciones y tratos directos.

2. Reforma al Sistema de Alta Dirección Pública

El buen funcionamiento del Estado descansa en un servicio civil profesional e independiente. Si bien deben existir cargos de confianza de la autoridad, es indispensable asegurar una gestión sólida y permanente con funcionarios que deben estar más allá de la alternancia de los gobiernos.

Propuestas

Encargados de compras y licitaciones y directivos de Senama, Fonasa, Odepa y Sercotec deberán concursar a través del sistema de ADP.

Incorporar dentro de los directorios de empresas públicas a directores independientes elegidos a través del sistema de ADP.

No más del 10% de los cargos del primer nivel jerárquico podrá ser asumido de manera provisional y transitoria, lo que no podrán permanecer en el cargo más de seis meses, durante los cuales no tendrán asignación ADP en su remuneración.

Los cargos del segundo nivel jerárquico no podrán ser asumidos de manera provisional y transitoria.

Durante los últimos seis meses de gobierno no será obligatorio concursar cargos vacantes.

Las personas del primer nivel jerárquico elegidas a través del sistema ADP y cuya función tenga alta exposición pública no podrán postular a cargos de elección popular hasta un año después de dejar su cargo.

3. Reforma al Sistema de Compras Públicas, Concesiones y Gasto en Defensa

Las compras públicas son factor determinante en la calidad de los servicio del Estado y la infraestructura que provee. Su transparencia y eficiencia son esenciales para asegurar la competencia y minimizar la corrupción.

Propuestas Compras Públicas

Convertir a ChileCompra en un sistema único e integrado que coordine, supervise y apoye las adquisiciones del Estado.

Como organismo centralizado, ChileCompra deberá asumir el proceso desde el desarrollo de las bases de licitación hasta la ejecución completa del contrato.

Se incorporará a este nuevo sistema los contratos de obras públicas y las compras de organismos autónomos del Estado como municipalidades, Poder Judicial, Contraloría General de la República.

Establecer un sistema de denuncia anónima de irregularidades que garantice la protección del denunciante.

Los evaluadores de licitaciones públicas estarán obligados a firmar una declaración jurada de ausencia de conflictos de interés en la operación respectiva.

Establecer un pago oportuno a los proveedores del Estado a fin de fomentar la participación de múltiples oferentes.

Propuestas Concesiones

Las renegociaciones en concesiones de infraestructura y en contratos de obras públicas deberán hacerse públicas en un plazo breve y preestablecido.

Gastos en Defensa

Derogar la Ley Reservada del Cobre.

Fortalecer las facultades del Congreso para el control, eficiencia y transparencia de las compras de las Fuerzas Armadas, limitando los gastos fuera de presupuesto.

La confidencialidad de los gastos debe preservarse sólo en casos específicos, sobre la base de criterios conocidos y definidos con la participación de expertos independientes.

4. Persecución y sanción penal de la Corrupción

Los delitos contra la probidad tienen penas bajas, vacíos legales para tipificarlos, rápida prescripción y débil capacidad de seguimiento.

Propuestas

Adecuar penas, tipificación y prescripciones de los delitos de corrupción de acuerdo a los estándares internacionales.

Crear Fiscalía de Alta Complejidad, con facultades y recursos, para investigar y perseguir los delitos de corrupción.

Fortalecer a la Policía de Investigaciones (PDI) en su capacidad investigativa en materia de corrupción, dotándola de personal especializado con dedicación exclusiva.

5. Prevención de Corrupción en Planificación Territorial

Los riesgos de irregularidades y corrupción en el cambio de uso de suelos se deben a la opacidad en las normas y procedimientos vigentes y a la excesiva discrecionalidad de autoridades claves, especialmente los Directores de Obras Municipales y las Seremis.   

Propuestas

Asegurar la participación de la comunidad afectada durante los procesos  de cambio en los planos reguladores,  desde el inicio hasta el final del proceso.

Establecer medidas que permitan al Estado aumentar el porcentaje de las ganancias asociadas a su propia acción que captura para sí, por ejemplo, en casos de cambios de uso de suelo desde agrícola a urbano.

Precisar los planos reguladores utilizando nuevas tecnologías y actualizar los mapas oficiales de los planos reguladores más antiguos, partiendo por las grandes ciudades. Los que se utilizan en la actualidad fueron dibujados con “plumones” o de manera imprecisa, lo que eleva el margen de interpretación por parte de las Seremis.

Establecer un plazo perentorio de tres años para iniciar las obras de un proyecto aprobado por el Director de Obras Municipales, debiendo demostrarse un avance real y sustantivo para solicitar una prórroga. La redacción actual de norma permite la prórroga casi indefinida, lo cual facilita evadir las exigencias derivadas de los cambios a los planos reguladores posteriores a la aprobación.

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REGULACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERES

El fin último de la democracia representativa es promover el bien común. Es indispensable asegurar que las decisiones y acciones de autoridades y funcionarios estén inspiradas en intereses de la sociedad y no en beneficios de carácter particular, asegurando su imparcialidad. 

Propuestas

Por el plazo de un año, después del cese de sus funciones, ministros, subsecretarios y autoridades con facultades normativas y fiscalizadoras no podrán emplearse, proveer servicios y mantener vínculos comerciales con organizaciones privadas relacionadas con su función previa.

Por el plazo de un año, después del cese de sus funciones, ministros, subsecretarios y autoridades con facultades normativas y fiscalizadoras no podrán presentarse a licitaciones públicas en la repartición en la que trabajaron.

Por el plazo de un año, después del cese de sus funciones, ministros, subsecretarios y autoridades con facultades normativas y fiscalizadoras no podrán contactar a ningún funcionario en relación a asuntos que fueron de su responsabilidad bajo su gestión.
Durante un periodo de dos años, los sujetos pasivos de la Ley de Lobby y Gestión de Intereses (ministros, subsecretarios, jefes de servicios, intendentes y gobernadores, diputados y senadores, y alcaldes y concejales, entre otros) no podrán trabajar en actividades de lobby o gestión de intereses.
Por el plazo de dos años, después del cese de sus funciones, el Contralor General de la República, el Fiscal Nacional y los fiscales regionales no podrán postular a cargos de representación popular.
Las normas establecidas en relación a la movilidad entre sector público y sector privado tendrán sanciones efectivas.

Lobbistas no podrán ser ministros, subsecretarios, directores de servicio y superintendentes hasta un año después de dejar dicha actividad.

Las contrataciones en cargos de confianza—en la misma repartición—de familiares directos (cónyuges, convivientes y parientes hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad) de ministros y subsecretarios, deberán realizarse por concurso cuyas actas serán públicas.

Concejales no podrán ser contratados en ningún municipio o corporación municipal.

Consejeros regionales no podrán ser contratados en los municipios de su región.

Por un plazo de diez años, quienes hayan sido condenados por un crimen o simple delito no podrán ser candidatos a cargos de elección popular.
No podrán postular a cargos de elección popular en una misma unidad electoral (concejales, alcaldes, consejeros regionales, diputados, senadores) quienes sean cónyuges, convivientes o parientes, hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad de las respectivas autoridades.

Senadores y diputados deberán tener dedicación exclusiva a su labor legislativa.

Concejales, consejeros regionales, lobbistas y gestores de intereses no podrán desempeñarse como asesores parlamentarios.

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FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA
1. Democracia Interna y Financiamiento de los Partidos
Una democracia es tan buena como sus partidos políticos. Nuestro sistema de partidos requiere con urgencia un cambio radical en sus prácticas internas y en su relación con la sociedad.   
Propuestas
Nueva ley de partidos definirá estándares de transparencia, democracia interna, rendición de cuentas, debido proceso y garantías a mayorías y minorías internas, entre otras materias.
Reinscripción de todos los militantes de los partidos políticos existentes, a fin de asegurar padrones confiables.
Las personas naturales tendrán un tope para donar a los partidos políticos.
Durante las campañas electorales, una persona natural sólo podrá donar un monto específico a una misma candidatura, que será equivalente a un porcentaje del límite de gasto de dicha candidatura.
Las personas naturales tendrán un monto máximo para donar a distintas campañas políticas, durante un año electoral.
Se prohíbe el aporte de personas jurídicas (empresas) a los partidos políticos y las campañas electorales.
Establecer Fondo Público de Financiamiento de los partidos políticos de aproximadamente $ 6.900 millones anuales (equivalente al gasto anual en campañas).

2. Regulación de Campañas
Las campañas electorales están en la base del funcionamiento de las democracias representativas. Es indispensable garantizar condiciones de equidad en la competencia, asegurar transparencia y rendición de cuentas, fomentar la probidad en materia de financiamiento.
Propuestas
Establecer período de “pre-campaña”, desde el día de las elecciones primarias hasta 30 días antes de la elección general. Durante todo este período todo ingreso y gasto será declarado al Servel.
Mantener actual período de campaña de 30 días antes de la elección para desplegar la propaganda electoral.
Prohibir instalación de gigantografías y “palomas”. Los concejos municipales definirán zonas específicas para instalar propaganda electoral a partir de criterios establecidos en la ley.
Establecer como cohecho prácticas irregulares como regalos, pago de cuentas, entrega de alimentos, por parte de partidos, candidatos o terceros a su nombre.
Las radios deberán establecer e informar sus tarifas de propaganda electoral el día de la inscripción de candidaturas en el Servel, y no podrán discriminar entre candidatos.
Se establecerá una franja radial gratuita de propaganda electoral, cuyo tiempo se distribuirá de manera similar a la franja televisada, y por la cual las radios recibirán una compensación.
Asegurar transporte público local gratuito en días de elección.  
Candidaturas patrocinadas por partidos políticos tendrán la obligación de exhibir—en forma clara y visible—el logo del partido correspondiente durante toda su propaganda electoral.
El período de campaña de las elecciones primarias será equivalente a la mitad del de las elecciones ordinarias.
Las normas de ingresos, gastos, fiscalización y rendición de cuentas de las elecciones primarias serán idénticas a las de las elecciones generales.
Establecer Código de Comportamiento Electoral para autoridades y funcionarios públicos y municipales a fin de evitar el intervencionismo.
Fiscalizar y aplicar sanciones al uso impropio de asignaciones parlamentarias durante periodos electorales por parte de las comisiones éticas de ambas Cámaras del Congreso.
Prohibir el uso de asignaciones parlamentarias con fines electorales, tales como publicación de propaganda, compra de regalos o realización de encuestas de opinión durante el año anterior a una elección.
Prohibir nuevas contrataciones a honorarios por parte del Gobierno en períodos de elecciones.
Limitar el gasto en publicidad del gobierno al promedio de los dos años previos a la elección.
Cautelar uso de recursos públicos en el periodo pre-eleccionario, particularmente en las inauguraciones y otras prestaciones distintas a las de carácter periódico, salvo para atender emergencias.

3.- Fiscalización de la política y su financiamiento

La debilidad del actual sistema de control de la acción política y su financiamiento genera riesgos para la probidad,  la captura de candidatos, parlamentarios y partidos por intereses particulares, distorsionando la equidad en la competencia electoral y debilitando el carácter programático y colectivo de los partidos políticos. Esto contribuye a mermar la confianza y legitimidad de las instituciones ante la ciudadanía.
Fortalecer el Servel y el Tricel  con recursos, estructura organizacional y funcionarios para cumplir sus labores de acuerdo a estándares internacionales.
Convertir al Servel en organismo autónomo constitucional.
El sistema de ADP seleccionará a los candidatos para integrar el consejo del Servel. Esta nómina será presentada al Presidente de la República, quien designará a los candidatos para ser aprobados por el Senado.
Dotar al Servel de una estructura operativa capaz de cumplir de manera adecuada con las distintas áreas de su quehacer: fiscalía, padrón y elecciones, partidos políticos, fiscalización y estudios, entre otras.
Fortalecer atribuciones del Servel para fiscalizar, de forma eficaz, el financiamiento de campañas y partidos políticos, estableciendo, por ejemplo, inspección en terreno del gasto electoral, cuenta bancaria única para ingresos y egresos, registro único de proveedores para las campañas y contratación de auditorías externas.
El Servel deberá crear una ventanilla única para recibir denuncias ciudadanas tanto en asuntos relativos a campañas electorales y propaganda, como para asuntos relativos a partidos políticos.
Se establecerán sanciones proporcionales a las faltas para los partidos que no cumplan con los requisitos establecidos, pudiendo llegar hasta la cancelación del registro del partido.
Cuando más del 10% de los candidatos de una determinada lista haya sido sancionado por faltas a las normas de financiamiento electoral, las sanciones se extenderán al partido, reduciendo el anticipo fiscal de la próxima elección.
Alcaldes, concejales, CORES, senadores y diputados perderán sus cargos frente a infracciones graves a las normas de financiamiento y gasto electoral durante la campaña. El legislador deberá considerar las condiciones de reemplazo.
La prescripción de las infracciones a los normas de financiamiento y gasto electoral de campañas y partidos regirá desde la fecha en que se presentó la rendición de cuenta de ingresos y gastos.

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CONFIANZA EN LOS MERCADOS
1.- Fiscalización eficaz
Casos emblemáticos de conflictos en el ámbito privado, como el uso de información privilegiada, colusión en algunos mercados e infracciones contra accionistas minoritarios, han tenido un impacto negativo y profundo en la confianza de la ciudadanía hacia los empresarios. Supervisores y fiscalizadores carecen de herramientas suficientes para impedir estos ilícitos. 
Propuestas
Dotar a las autoridades fiscalizadoras de mayores facultades intrusivas como, por ejemplo, acceso al contenido de llamadas telefónicas y correos electrónicos.
Potenciar las denuncias de ilícitos fortaleciendo la delación compensada y los programas de protección a informantes, que han demostrado ser un mecanismo eficaz para detectar y perseguir delitos económicos.
 

2. Fortalecimiento de Gobiernos Corporativos en las Empresas
Es indispensable aumentar la eficacia en los directorios de las empresas para evitar abusos a accionistas minoritarios, mejorar los mecanismos de autorregulación y potenciar los procesos de auditorías interna y externa para prevenir conductas ilícitas.
Propuestas

Prohibir que empresas que compiten tengan directores comunes.
Revisar el rol de las asociaciones de empresas como eventuales facilitadores de la colusión.
Establecer criterios generales para transacciones ajenas al giro de la empresa, como donaciones que gocen de beneficios tributarios. Comité de Directores podría tener derecho a veto en estas decisiones.
Definir estándares mínimos y publicitar reglamento sobre transacciones con partes relacionadas, regalos, donaciones sociales y de responsabilidad empresarial, entre otros.
Definir políticas de remuneración e incentivos a ejecutivos, incluyendo sus formas de pago.
Establecer mecanismos para evitar la simulación en subastas de acciones.

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INTEGRIDAD, ÉTICA Y DERECHOS CIUDADANOS
La formación ciudadana es fundamental para el establecimiento de una comunidad humana. El progreso real no es posible sin principios comunes y una organización social que respete a las personas y reconozca su dignidad. 
Propuestas
Bases Curriculares, desde el Segundo Nivel de Transición hasta el cuarto año de Educación Media, incluirán la formación ciudadana como una habilidad que se adquiere de manera progresiva.
El Proyecto Educativo Institucional de cada establecimiento -que concretiza las Bases Curriculares- incluirá de manera integral, transversal y pormenorizada, la formación ética y ciudadana.
El currículum de la carrera docente deberá contener el pensamiento crítico y la formación ciudadana y ética.