El gobierno colombiano y las FARC publicaron el nuevo acuerdo de paz que cerraron el 12 de noviembre en Cuba. El acuerdo, que consta de 297 páginas y fue publicado el 14 de noviembre, incluye modificaciones en casi todos los temas propuestos por los que dijeron "no” en el último referendo.

El Nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera destaca en su preámbulo que representa la continuación de la búsqueda de la paz, y que el veredicto del referendo no significa el rechazo a la paz ni a los derechos fundamentales. Se han producido cambios en 56 de los 57 puntos, cuyos contenidos resumimos aquí.

Constitucionalidad. La propuesta de incorporar todo el acuerdo a la Constitución colombiana generó un gran rechazo en los que optaron por el "no”, y también en algunos que votaron por el "sí”. Por eso, el nuevo acuerdo corrige ese punto, y así solo quedarán integrados a la Constitución los temas del acuerdo concernientes a derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, contenidos que, de por sí, ya forman parte de la Carta Magna.
Las FARC aceptaron someterse a las reglas de la democracia y a sus normas electorales y constitucionales.

Justicia. La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no será indefinida, tendrá un tiempo ilimitado de duración. Funcionará durante un lapso de 10 años y podrá recibir solicitudes de investigación por delitos cometidos durante el conflicto armado solo en los primeros dos años. Por otra parte, se delimita la intervención de las ONG, que no podrán actuar como fiscales y acusar, sino solo presentar información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del tribunal. Además, la JEP no contará con jueces extranjeros. Todos los jueces serán colombianos y tendrán las mismas atribuciones que los magistrados de las cortes.

Derechos de género y grupos vulnerables. El documento menciona ahora explícitamente la igualdad de oportunidades y derechos para hombres y mujeres en cuanto a contemplar las necesidades económicas y culturales de cada uno. Supone que el conflicto impactó de manera diferente en las mujeres, y que, en consecuencia, se requieren acciones específicas para restablecer sus derechos. La Reforma Rural Integral se refiere también a las necesidades de las mujeres en todo su ciclo vital, a las necesidades de las comunidades rurales y a las de los grupos en condiciones de vulnerabilidad.

Regularización de la propiedad. Además de no recurrir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con la tierra, se añadió que "nada de lo establecido en el Acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada.”

Desarrollo social, salud, educación, vivienda. Se hace hincapié en mejorar el acceso a los servicios de salud a grupos y personas en condiciones de vulnerabilidad. Y en que el acceso a soluciones se equitativo para hombres y mujeres. También se resalta que se respetará el principio de igualdad y no discriminación, de libertad de cultos y se reconoció a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto.

Lucha contra las drogas. El nuevo acuerdo estipula que todas las personas que se presenten ante la Justicia Especial de Paz están obligadas a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades. También se subrayó que el Gobierno mantiene todas las herramientas para la erradicación, incluyendo la fumigación, así como programas de sustitución de cultivos para los campesinos.