Santiago. Michelle Bachelet asumirá la presidencia de Chile el próximo 11 de marzo con un gran respaldo ciudadano luego de vencer por el 63% de los votos en segunda vuelta, pero también con la responsabilidad de cumplir con un gran programa de reformas políticas y sociales.

En su segundo período presidencial, luego de gobernar Chile entre los años 2006 y 2010, Bachelet regresa con lo que no tuvo anteriormente, el control total del Congreso, por lo que cuenta con mayores posibilidades de sacar adelante su plan de transformaciones.

En medio de las protestas sociales que vivió el país desde el año 2011, iniciadas por los estudiantes y continuadas por los habitantes de las regiones disconformes con el excesivo centralismo de Chile, las exigencias para esta segunda oportunidad son mayores.

En esta ocasión son tres los pilares de las reformas propuestas. La promesa de una Nueva Constitución, que incluso divide a los partidos que la apoyan; la reforma tributaria necesaria para financiar sus planes sociales; y la transformación del modelo educativo, la principal de las demandas de los movimientos sociales.

Una nueva carta fundamental. La Nueva Constitución es quizás la más difusa parte de su plan, pues si bien es un deseo que existe en la centro-izquierda desde el fin de la dictadura militar y el regreso a la democracia el año 1990, no todos en su sector están convencidos ni menos en la forma de lograrlo.

La crítica fundamental de la izquierda es que la Constitución nació bajo una dictadura, creada bajo los pensamientos de la derecha más conservadora, sin participación ciudadana y aprobada en un plebiscito acusado de fraudulento el año 1980.

A pesar de que durante el período de transición a la democracia fue reformulada el año 1989 a través de otro plebiscito, y luego a través de una ley del Congreso el año 2005, algunas de las características autoritarias se mantienen, como el excesivo poder del presidente y el poder revocatorio de las leyes del Tribunal Constitucional.

Así, mientras en la derecha se divide entre quienes no quieren ninguna reforma y quienes están abiertos a los cambios, en la centro-izquierda están quienes pretenden modificarla en el Congreso y los que demandan una Asamblea Constituyente.

Entre los partidos que apoyan a Bachelet y que conforman la alianza Nueva Mayoría, la Democracia Cristiana es la que prefiere la creación de una Comisión Bi-cameral del Congreso que redacte la Nueva Constitución.

En el resto de los partidos, los comunistas, los radicales presionan y los movimientos más pequeños por una Asamblea Constituyente elegida por la ciudadanía que discuta la nueva carta fundamental.

En cambio los Socialistas y el Partido Por la Democracia no han expresado su preferencia, pero en su interior también se viven las divisiones.

Es por eso que en el plan de los primeros 100 días de gobierno presentado esta semana por el futuro ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, no se encuentra la discusión de la nueva carta fundamental.

Es probable, como la misma Bachelet mencionó en enero, que sea durante el segundo semestre de este año que recién se presente la propuesta para generar la Nueva Constitución, la que de todos modos será redactada a través de un mecanismo "lo más amplio y representativo posible".

El conflictivo sector de educación. Sobre la reforma educacional, la situación es más clara, pese a los reclamos del movimiento estudiantil de falta de definiciones. Lo cierto es que muchas de sus demandas están incluidas, y la aceptación entre los partidos y los congresistas es mayoritaria.

Sólo basta saber como se llevarán a la práctica algunas propuestas, por lo que deberá esperarse a tener los proyectos de ley en la mano para discutir esos aspectos.

Los estudiantes universitarios y de secundaria comenzaron el año 2011 grandes manifestaciones demandando una educación "pública gratuita y de calidad para todos", creando una crisis política e iniciando la caída en el apoyo al presidente Sebastián Piñera, siendo responsables, en parte, de la derrota de la derecha.

Ahora es el turno de Bachelet para asumir la responsabilidad de cumplir las exigencias, puesto que desde que regresó al país en marzo del 2013, desde su puesto de directora de las Naciones Unidas Mujer, se ha expresado partidaria de esas demandas.

De hecho su designado ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre (quien fuera ministro de Hacienda del presidente Ricardo Lagos entre 2000-2006), ya inició una serie de reuniones con actores del sector, comenzando por el gremio de los profesores el pasado viernes.

En el programa de los 100 días, Bachelet prometió enviar "al Congreso el Proyecto de Ley para una Gran Reforma Educacional", señalando que "necesitamos una educación de calidad, gratuita, sin segregación y en que no se lucre con fondos públicos".

El problema es que aún no está definido el mecanismo de la gratuidad o si el lucro será removido completamente o sólo será con los recursos que el Estado proporcione a centros privados subvencionados.

El proyecto añade aumentar la cobertura de la educación pre-escolar, hasta equipararlo con el resto del sistema escolar (que está muy cerca del 100 por ciento de los niños y jóvenes).

También se promoverá la educación técnica a través de la conformación Centros de Formación Técnica públicos y dependientes de universidades estatales, a lo que se agrega sistemas de selección en la educación superior más justos y que promuevan la integración.

Temas como la reforma a la ley de la carrera docente y el fin del sistema de colegios administrados por los municipios (gobiernos locales) para volver al gobierno central, al parecer quedarán para una segunda etapa.

Aunque el ministro de Educación ya señaló ante los profesores que estudiarán remover el actual proyecto de carrera docente presentado por el gobierno de Sebastián Piñera al Congreso, así como analizar el cierre de algunos colegios, tanto municipales como privados subvencionados.

La reforma tributaria. El texto de las propuestas para esta primera etapa de gobierno señala que "necesitamos hacer realidad y financiar las grandes transformaciones propuestas en Educación, cubrir el Déficit Estructural heredado en las Finanzas Públicas y atender otras prioridades de la protección social, como la Salud y las Pensiones".

De manera que "por ello, enviaremos al Congreso el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria, que nos permitirá alcanzar todas estas metas", comenta el texto.

Esta parte del programa no presenta ningún tipo de dificultad, pues necesita sólo el 50 por ciento más uno de los votos.

Los cuestionamientos a este aspecto provienen solamente de los empresarios y los sectores de la derecha más conservadora, mientras que muchos economistas han señalado que es un paso lógico y sólo resta conocer el proyecto de ley propiamente tal.

Así, el programa de Bachelet señala que las metas de esta reforma es, primero "aumentar la carga tributaria para financiar, con ingresos permanentes, los gastos permanentes de la reforma educacional que emprenderemos, otras políticas del ámbito de la protección social y el actual déficit estructural en las cuentas fiscales", señala.

También indica que se pretende "avanzar en equidad tributaria, mejorando la distribución del ingreso. Los que ganan más aportarán más, y los ingresos del trabajo y del capital deben tener tratamientos similares"

Se indica que se pretende introducir nuevos y más eficientes mecanismos de incentivos al ahorro e inversión, así como reducir la evasión, la elusión y disminuir las exenciones tributarias.

Se espera que con estas medidas se obtengan recursos equivalentes a un 3 por ciento del Producto Interno Bruto, al elevar de los actuales 20 a 25 por ciento la carga tributaria junto a la reducción de la elusión y evasión.

De todos modos el plan de los 100 días se basan en una serie de medidas administrativas e iniciativas legales enviadas al Congreso, en estas últimas se establece el cumplimiento con el envío del proyecto, la discusión y la aprobación.

El debate ciudadano que demandan los movimientos sociales, se daría en el Congreso, por tanto, no hay plazos para su promulgación.