Un contratista estadounidense encarcelado en Cuba tras ser encontrado culpable de crímenes contra el Estado demandó este viernes al Gobierno de Estados Unidos y a la empresa que lo contrató por US$60 millones.

Alan Gross, de 63 años, culpa al Gobierno y a la empresa que lo contrató por su privación de libertad y por no advertirle sobre los riesgos que enfrentaba en la isla comunista.

El estadounidense ha estado preso desde el 3 de diciembre de 2009, sirviendo una sentencia de 15 años por entregar equipamiento para internet a cubanos en virtud de un programa estadounidense que Cuba considera subversivo.

En la demanda presentada en la corte estadounidense del Distrito de Washington, Gross y su esposa, Judy Gross, alegan que su empleador, Development Alternatives Inc, o DAI, con sede en Maryland, y el Gobierno "no revelaron en forma adecuada a Gross, tanto antes como después de que comenzó a viajar a Cuba, sobre los riesgos materiales que enfrentaba debido a su participación en el proyecto".

La demanda también sostiene que la DAI y el Gobierno "no tomaron medidas adecuadas" para entrenar y proteger a Gross durante sus viajes a Cuba y que "ignoraron las reiteradas preocupaciones de seguridad de Gross de modo que la DAI pudiera seguir generando ingresos significativos y el Gobierno pudiera seguir usando a Gross como un peón en sus iniciativas generales de políticas hacia Cuba".

En otra demanda contra Federal Insurance Co (FIS), con sede en Nueva Jersey, presentada en la corte del Distrito de Maryland, Gross y su esposa dijeron que la FIS "ha rechazado beneficios injustificadamente" bajo lo que la demanda citó como una cláusula de "detención injusta".

El Departamento de Justicia estadounidense no respondió a la demanda este viernes. "El caso está siendo revisado", comentó el portavoz Charles Miller.

Un portavoz de la DAI dijo que preparaba un comunicado para ser emitido más tarde. Federal Insurance Co, parte del grupo de seguros Chubb, no pudo ser contactado para comentar la información.

Gross viajó a Cuba cinco veces como subcontratista de la DAI, que tenía un contrato con la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos.

Afirma que fue a Cuba sólo para ayudar a la comunidad judía de la isla, no por motivos políticos, y que trabajaba en un proyecto del Gobierno de Estados Unidos que apuntaba a aumentar la disponibilidad de acceso a internet para la comunidad cubano-judía.

El Gobierno estadounidense ha dicho que Gross no debería ser encarcelado por proveer de acceso a internet a judíos y ha exigido su liberación en reiteradas oportunidades.

El caso paralizó las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que habían mejorado levemente después de que el presidente Barack Obama asumió su primer mandato en enero de 2009.