Mientras el oficialista dijo que esto será “un dolor de cabeza para los partidos”, por lo que se mostró en contra de ese ingreso, la fujimorista señaló que si bien el tema causa reservas, será un reto para los partidos adecuarse a los controles de dicha institución.
Lima. La participación de la Contraloría en la supervisión de los fondos públicos que reciban los partidos políticos, aprobado esta semana en la Comisión de Constitución, generó intercambio de opiniones entre los legisladores Santiago Gastañadui (Gana Perú) y Martha Chávez (Fuerza Popular).
Mientras el oficialista dijo que esto será “un dolor de cabeza para los partidos”, por lo que se mostró en contra de ese ingreso, la fujimorista señaló que si bien el tema causa reservas, será un reto para los partidos adecuarse a los controles de dicha institución.
La objeción de Gastañadui se basa en que, a su criterio, no hay necesidad de incorporar a otro ente a la fiscalización, porque eso ya lo hace la ONPE desde hace muchos años.
Además, indicó que la Contraloría está capacitada para fiscalizar a las entidades públicas, y los partidos son asociaciones privadas.
“Esto va a ser un dolor de cabeza, más que una solución. Los estándares de la Contraloría están diseñados para controlar entidades públicas, y los partidos son asociaciones privadas, muchos partidos no van a aceptar estos fondos, porque no quieren que entre la Contraloría", afirmó.
Sin embargo, Martha Chávez discrepó con esa opinión, y dijo que si bien su colega tiene razón en cuanto al ingreso de la entidad pública en asociaciones privadas, esto será una exigencia para que los partidos presenten mejores informes y bien sustentados.
“Creo que sí podemos adecuarnos a los estándares de la Contraloría. Va a ser un reto para los partidos”, afirmó Chávez.
Además, la parlamentaria precisó que la participación de Contraloría General de la República no será paralela a la ONPE, sino que deberá contar con la autorización de los organismos electorales para auditar el uso de los fondos públicos de los partidos.
El dictamen, aprobado por la Comisión de Constitución, se debatirá el jueves 5 de noviembre en el Pleno, dado que la semana siguiente será de representación para los parlamentarios, y no habrá sesiones plenarias.
