El presidente Rafael Correa anunció este viernes que entrarán nuevamente a la comunidad de Sarayacu con la Policía Nacional para que "por favor nos entreguen a los prófugos y si impiden la acción de la Policía con estos grupos armados declararemos el estado de emergencia".

Para el mandatario, quien se encuentra en el Carchi desde donde ofrecerá mañana su sabatina, los dirigentes Sarayacus están cometiendo un grave delito al impedir el ingreso de la Fuerza Pública a sus territorios. Por ello advirtió, "se actuará con todo el rigor de la Ley y se hará todo lo que se tenga que hacer".

El problema para el presidente "es gravísimo, ahora tenemos intención de hacer repúblicas aparte, en nombre de repúblicas ancestrales".

Cuestionó a críticos del régimen que contradicen la afirmación reciente de su ministro del Interior José Serrano en el sentido de que grupos paramilitares custodian y protegen a los sentenciados Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.

"A quién quieren engañar", les dijo Correa a quienes afirman que los indígenas que aparecen en tomas de televisión cargando escopetas son para actividades de caza.

Y agregó que lo que están haciendo los Sarayacu al proteger a los tres personajes es tremendamente peligroso, un abuso sin precedentes con su victimización para haber recibido abusos en Gobierno anteriores.

"La parte buena de todo esto es que se evidencian cosas que antes pasaban inadvertidas. Por ejem​p​lo que estos señores tenían su propia Policía, eso es inconstitucional, la fuerza pública la debe manejar el Estado. Que son pueblos de derechos colectivos y ancestrales, pero ninguna constitución le da derecho a tener fuerza pública propia", agregó el mandatario.

Y pidió a todos los ecuatorianos rechazar este "abuso y atropello a la Constitución". Y citó su artículo 83.

Finalmente, Correa culpó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber otorgado medidas cautelares a Jiménez, Villavicencio y Figueroa, a las que las calificó de espurias. Por ello dijo, el Gobierno y el Estado debe reflexionar muy bien si continuamos en este sistema (interamericano de Derechos Humanos) distorsionado e inservible".