El presidente de la República, Rafael Correa, considera que las afirmaciones que constan en el libro El Gran Hermano son monstruosas y tan graves que si fueran ciertas “no solo merecería salir denunciado en un libro, sino que debería ser destituido de la Presidencia del Ecuador, por corrupto y deshonesto...”.

Con esta argumentación el mandatario inició su juramento deferido en el Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha la tarde del pasado lunes. En su versión ante la jueza María de Lourdes Portilla, el presidente dejó en claro que el contenido del libro de Juan Carlos Calderón y Christian Zurita tiene "gravísimas ofensas, calumnias y concurrencia de infracciones”.

La jueza Portilla le hizo dos preguntas al mandatario. ¿Cuáles fueron los motivos por los que estimó el resarcimiento de US$10 millones y que resuma el daño moral que demanda como persona natural, en su entorno familiar y como presidente?

Correa respondió que jamás conoció los contratos de su hermano Fabricio y que el libro le provocó un “daño incalculable, soy una persona pública a nivel nacional e internacional, ojalá se comprenda el ser acusado de algo que no he cometido, pero más allá de ser un hombre público soy un ser humano, esposo, padre, hijo, que lo único que tengo para dejarle a mi descendencia es mi honor... por eso insisto en que el daño que han irrogado los autores, deliberadamente... con alevosía, premeditadamente, reiterativamente al publicar más libros, es incalculable, pero se debe cuantificar en al menos US$10 millones, dinero que dicho sea de paso será donado íntegramente a la iniciativa Yasuní ITT”.

Los calificativos de abuso, dolo, la mala fe, alevosía por parte del mandatario contra los periodistas fueron constantes.

“Tengo hijos menores de edad y que saben leer que su padre está acusado en forma injusta de algo que nada tuvo que ver, mi esposa que tenga que leer que se diga que yo tengo que ver con los contratos y los problemas familiares, mi madre, mis amigos, los miembros del gobierno, que se siembre dudas respecto de la persona que lidera este proceso de cambio en el país”. Rafael Correa.

Agregó que el abuso fue a “tal nivel que públicamente les pedí que corrigieran esa infamia, en lugar de eso lo que hicieron es reproducir miles de ejemplares más en cinco ediciones”.

Al referirse a su fuero íntimo o familiar dijo que “tengo hijos menores de edad y que saben leer que su padre está acusado en forma injusta de algo que nada tuvo que ver, mi esposa que tenga que leer que se diga que yo tengo que ver con los contratos y los problemas familiares, mi madre, mis amigos, los miembros del gobierno, que se siembre dudas respecto de la persona que lidera este proceso de cambio en el país”.

Mientras tanto, la defensa de los periodistas espera que el juzgado evacúe todas las pruebas que sustentan sus afirmaciones.

El pasado 25 de noviembre, la jueza Portilla emitió una providencia para que William Rodríguez se posesione como perito el próximo 2 de diciembre e inicie la transcripción de todas las pruebas en audio y video que presentaron los autores del libro.

Paralelamente, Ramiro Aguilar, abogado de los periodistas, solicitó que Portilla pida una certificación a todos los juzgados penales de Quito y Guayaquil si Rafael Vicente Correa inició a los periodistas una acción penal en los años 2009, 2010 y 2011, por delitos de injuria calumniosa o no calumniosa grave. Para la defensa esta prueba es fundamental ya que al no existir sentencia por injurias no puede determinarse el delito de daño moral que plantea el jefe de Estado.

Defensa. Con toda la información solicitada y judicializada, Ramiro Aguilar, abogado de los dos periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, presentará un alegato que recoja detalladamente los fundamentos de los periodistas.