Guatemala. El máximo órgano judicial de Guatemala dijo este miércoles que dio un plazo de 48 horas al Gobierno del presidente Jimmy Morales para que fundamente las razones para prohibir el ingreso al país del jefe de la misión anticorrupción de la ONU, Iván Velásquez, en medio protestas callejeras contra la medida.

Este lunes, el Gobierno de la nación centroamericana negó la entrada al país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por considerarlo una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública.

La CICIG, junto con la Fiscalía General del país, solicitó en agosto un antejuicio contra Morales por presunto financiamiento electoral ilícito, luego de que el año pasado el mandatario evadiera ser investigado por el mismo delito al mantener su inmunidad.

El organismo también fue clave en la victoria de Morales en 2015, después de que sus investigaciones llevaron a la renuncia de su predecesor, Otto Pérez Molina, quien está en prisión acusado de dirigir una mafia aduanera y malversar fondos públicos.

"Se pidieron informes a la Presidencia y a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad, ya que se presentaron cuatro amparos cuestionando la legalidad de la decisión del presidente", dijo la Corte de Constitucionalidad.

"Se pidieron informes a la Presidencia y a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad, ya que ayer se presentaron cuatro amparos cuestionando la legalidad de la decisión del presidente", dijo a Reuters el secretario general de la Corte de Constitucionalidad, Martín Guzmán.

El Gobierno de Morales tiene un plazo de 48 horas para responder a las peticiones de la Corte, derivadas de los amparos presentados este martes tanto por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) como por otros particulares, uno de los cuales permitiría el regreso de Velásquez al país.

En espera de la decisión, se desarrolló una protesta frente al edificio de la Corte con altavoces y al ritmo de tambores, con mensajes como "y si no gobierna, que se vaya a la mierda" y "fuera corruptos".

La CICIG, avalada por Estados Unidos, entró en vigor en el país en 2007 y su estancia es prorrogada cada dos años.

La última vez fue en septiembre del año pasado, por lo que el fin de su gestión estaría programado para septiembre de 2019, pero la semana pasada Morales dijo que notificó a la ONU la no renovación de la misión anticorrupción.

También el miércoles, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió a Nicaragua, que libere a estudiantes y presos políticos detenidos durante los cinco meses de protestas que también han dejado más de 300 muertos, miles de heridos y desaparecidos.

La petición siguió a la oposición este miércoles de China, Rusia, Bolivia y otros miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al plan de Estados Unidos de convocar a una sesión para discutir la situación de Nicaragua.

Este miércoles, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo en Managua que si Estados Unidos quiere ayudar al "pueblo nicaragüense, si quieren contribuir a la paz, lo mejor que pueden hacer y deben hacer es no meterse con Nicaragua".