Mediante una resolución judicial, la juez Ximena Vintimilla, encargada del caso, pidió a la Interpol localizar y aprehender al ex mandatario para su posterior traslado a una cárcel pública de Quito, capital del país.
Quito, Xinhua. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador (CNJ, máximo tribunal) solicitó este martes a la Policía Internacional (Interpol) que emita una alerta para la detención del ex presidente Jamil Mahuad, quien enfrenta un juicio penal por apropiación ilegal de dinero del Estado.
Mediante una resolución judicial, la juez Ximena Vintimilla, encargada del caso, pidió a la Interpol localizar y aprehender al ex mandatario para su posterior traslado a una cárcel pública de Quito, capital del país.
La juez tomó la decisión luego de rechazar un recurso planteado por la defensa del procesado para dejar sin efecto un primer pedido de captura que se emitió en 2011.
Mahuad, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos donde se dedica a la docencia, gobernó Ecuador entre agosto de 1998 y enero de 2000 cuando fue derrocado.
El suceso sobrevino tras haber declarado un feriado bancario en 1999, lo que provocó una de las mayores crisis económicas en el país andino.
El hecho llevó a la quiebra a más de una decena de bancos y provocó la emigración de miles de ecuatorianos que perdieron sus ahorros.
Tras ser defenestrado del poder abandonó el país y desde entonces no ha retornado.
En 2006, la Justicia sobreseyó provisionalmente al ex presidente por peculado, pero el caso volvió a reabrirse en 2007.
En 2010, la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia dejó sin efecto una orden de prisión preventiva que pesaba en contra el ex mandatario, sin embargo, un año después la misma instancia declaró abierta la etapa a juicio plenario para sentenciarlo.
La justicia ordenó entonces prisión preventiva y exámenes psiquiátricos al ex gobernante.
Asimismo, dispuso su localización y embargo de sus bienes al comprobarse "la existencia del delito de peculado", según la resolución dictada en ese entonces.
Según la Corte, el ex mandatario no tenía el respaldo legal para declarar en esa época un feriado bancario, que causó un perjuicio de unos US$5.000 millones a miles de ciudadanos.
