La defensa de la mujer dijo en la audiencia que fue "brutalmente torturada" por policías después de su detención en 1993 y luego en 1999.

San José. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebró hoy una audiencia contra el Estado peruano por la supuesta tortura y violación sexual en contra de la sospechosa de terrorismo Gladys Carol Espinoza González, por parte de policías a partir de su detención el 17 de abril de 1993.

Los jueces escucharon el testimonio de Lilielba Cuba Rivas, quien estuvo detenida junto a Espinoza, de la perita y abogada Julissa Mantilla, y del fiscal supraprovincial de Lima, Johnny Soto, encargado de investigar el caso.

La representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que eleva los casos ante la corte, Silvia Serrano, dijo en la audiencia que Espinoza fue "brutalmente torturada" por policías después de su detención en 1993 y luego en 1999.

Espinoza había sido acusada por las autoridades de su país de ser miembro del grupo insurgente Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y de haber participado en el secuestro de empresarios, con el fin de recaudar fondos para dicho grupo.

La representante de la CIDH afirmó que los hechos se enmarcaron en un "contexto de uso generalizado de la violencia y la tortura en la lucha contra el terrorismo" y con un marco legal "que permitía la incomunicación de los detenidos y la desprotección".

Agregó que Espinoza fue torturada, golpeada y violada sin recibir luego atención médica adecuada, y afirmó que el Estado no ha investigado adecuadamente los hechos ni castigado a los responsables.

La mujer cumple actualmente una sentencia en prisión por el delito de secuestro.

Por su parte, el fiscal Johnny Soto dijo que la tortura y violación sexual contra Espinoza es investigada desde 2012 y que hasta el momento se han interrogado a 49 policías, pero que ninguno ha aceptado cargos.

Afirmó que pese a dificultades para acceder a registros oficiales de la época, obtuvo elementos que le permitieron formular una acusación en contra de algunos sospechosos, que no identificó ni enumeró, por los delitos de tortura y violación sexual cometidos en 1999.

Dijo que las denuncias de tortura del año 1993 fueron archivadas debido a que para ese año no se había tipificado como delito.

Soto aseguró que ha tomado en cuenta pronunciamientos de la CorteIDH por casos similares y que de acuerdo a ello en Perú los casos de violaciones a los derechos humanos no prescriben.

Tras la audiencia de hoy, la CorteIDH da un mes a las partes para que presenten sus alegatos por escrito y a partir de allí deliberará sobre la posibilidad de emitir una sentencia.

La Corte, presidida por el juez colombiano Humberto Sierra Porto, tiene su sede en Costa Rica y es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).