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Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Argentina por fallo contra periodistas
Lunes, Diciembre 19, 2011 - 17:30

El fallo lo adoptó la Corte Suprema argentina –que contaba con una mayoría de jueces nombrados por Menem–, según publicó este domingo el diario La Nación, que reveló la noticia sobre la condena a Argentina.

En una reciente resolución unánime, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por haber violado “el derecho a la libertad de expresión” de dos periodistas de ese país, responsables de un revista que en 1995 publicó aspectos relacionados al presidente de ese entonces, Carlos Menem.

Jorge Fontevecchia, titular del grupo Perfil, del que depende la revista Noticias, y Héctor D’Amico, que era director de esa publicación, fueron condenados en el 2001 a pagar 60.000 pesos al presidente (de acuerdo a la cotización actual de la moneda argentina corresponderían a $14 mil).

El fallo lo adoptó la Corte Suprema argentina –que contaba con una mayoría de jueces nombrados por Menem–, según publicó este domingo el diario La Nación, que reveló la noticia sobre la condena a Argentina.

“Los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica”, dice el fallo que fue adoptado el pasado 29 de noviembre.

La resolución es de gran trascendencia en materia de libertad de expresión porque, según cita el rotativo, la Corte “ratificó que no se viola el derecho a la intimidad de los funcionarios cuando la prensa da a conocer aspectos de su vida personal que son de interés público”.

La Corte advirtió, además, que condenar a periodistas a pagar por supuestos daños en casos así es peligroso para la libertad de prensa porque promueve la “autocensura” y puede ser “tanto o más intimidante que una sanción penal”.

Los periodistas, que habían revelado que Menem daba regalos caros, ofrecía una fuerte compensación económica y daba protección política a la familia de una mujer con la que tuvo un hijo producto de una relación extramatrimonial denunciaron la condena en su contra por parte del tribunal argentino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El caso llegó en el 2010 a la Corte Interamericana, que esta semana dio a conocer su fallo, que dejó sin efecto la sentencia civil contra los periodistas.

Estos fueron patrocinados por abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el exrelator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Eduardo Bertoni, quien tras conocer la condena de la Corte dijo a La Nación: “La decisión es un claro mensaje a los jueces, no solo argentinos, sino latinoamericanos”.

Ahora, la Corte le dio al Estado argentino un año para “dejar sin efecto la condena civil impuesta” a Fontevecchia y a D’Amico; ordenó que Argentina le rindiera, antes de vencido ese plazo, un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir la sentencia, y anunció que “supervisará el cumplimiento íntegro” de lo que dispuso.

La decisión de la Corte es de cumplimiento obligatorio, recuerda el fallo, para los países signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte es el organismo de instancia superior a la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH), que hace recomendaciones o pide informes a los países partes en materia de estos derechos.

En el ámbito ecuatoriano, la CIDH pidió información al Estado luego de recibir denuncias sobre ataques a periodistas y gremios que fueron a su sede en Washington a exponer sobre el nivel de la libertad de expresión que se vive en el país.

Además se encuentra analizando un pedido de medidas cautelares de los directivos de EL UNIVERSO, cuya defensa ha expuesto irregularidades en el proceso legal que el presidente ecuatoriano Rafael Correa sigue contra el medio por supuestas injurias.

El Gobierno ha reaccionado en forma crítica contra el sistema interamericano de Derechos Humanos al punto de proponer que se cree otro organismo regional. Y mantiene su tesis de que no se puede intervenir en un juicio en marcha.

“La eventual existencia de gestiones o interferencias en una investigación judicial, son cuestiones sobre las cuales existe un legítimo interés social en conocerlas”, sostuvo la Corte en la condena contra Argentina.

Autores

El Universo.com