Panamá. La Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazó este martes dos reconsideraciones a la resolución de ese órgano, que el pasado 28 de enero admitió una causa penal y la posibilidad de investigar al ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).

En una breve nota de prensa, la Corte Suprema de Justicia precisó que no admitió en reunión extraordinaria los recursos presentados por los abogados Rogelio Cruz y Raúl González a favor del ex mandatario.

También rechazó la advertencia de inconstitucionalidad que presentó Cruz contra el artículo 487 del Código Procesal e informó que el magistrado relator, Hernán De León, redactará la resolución sucinta.

Posteriormente se recojerán las firmas de los magistrados, se notificará a las partes y se procederá  a ejecutar lo dispuesto en la referida resolución del pasado 28 de enero.

La posibilidad de investigar al ex mandatario y presidente del ahora opositor movimiento Cambio Democrático (CD) fue aceptada por los nueve magistrados de la Corte, en relación a las investigaciones sobre supuesta corrupción durante su administración.

La Corte Suprema de Justicia explicó entonces que se solicitaba también a los magistrados el levantamiento del fuero de Martinelli como presidente de CD, el cual impide investigarlo.

En la determinación se tomó en cuenta la solicitud de la Procuraduría panameña, en momentos en que Martinelli estaba en Guatemala en una reunión del Parlamento Centroamericano (Parlacen), en la cual acusó al presidente panameño Juan Carlos Varela de ser un perseguidor por razones políticas.

El abogado de Martinelli, Sidney Sittón, señaló al presentar en ese momento un recurso en la Corte Suprema de Justicia que no se podía desconocer el requisito de pedir al Parlacen levantar el beneficio de un fuero que protege a su cliente por la condición que tiene de diputado del Parlacen.

Varios ex funcionarios de la administración Martinelli, que fue sucedida el pasado 1 de julio por la de Varela, permanecen detenidos debido a las investigaciones sobre supuesto enriquecimiento ilícito a través de instituciones como el Programa de Ayuda Nacional.