La Paz. Siete de los funcionarios del gobierno del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada fueron condenados este martes en un juicio por genocidio, una sentencia que abre la puerta a otro intento de extradición desde Estados Unidos del entonces mandatario.

Cinco ex jefes militares y dos ex ministros fueron encontrados culpables por su participación en una operación militar que dejó al menos 67 muertos en el 2003, un hecho que forzó a la renuncia y huida de Sánchez de Lozada.

La sentencia inapelable fue dictada por la Corte Suprema del país sudamericano luego de más de dos años de un enredado proceso que ha tenido entre sus dificultades la ausencia de la mayoría de los acusados -el ex gobernante neoliberal y nueve de sus ministros- quienes están refugiados en el extranjero.

"La condena abre las puertas para una extradición del ex presidente Sánchez de Lozada", dijo el fiscal Milton Mendoza, cabeza de la acusación, al referirse a la situación del ex mandatario que ha resultado favorecido hasta ahora por una norma que prohibía el enjuiciamiento en ausencia.

"El era un sindicado, pero al existir una sentencia emitida por el máximo tribunal de justicia de Bolivia forma parte de los acusados en este caso", añadió, según fue citado por la agencia estatal de noticias ABI.

"La condena abre las puertas para una extradición del ex presidente Sánchez de Lozada". Milton Mendoza, fiscal.

El juicio fue planteado contra los miembros del ex gobierno que ordenaron y ejecutaron la operación militar contra manifestantes en la ciudad de El Alto, durante una revuelta en octubre del 2003.

La sentencia anunciada en la ciudad sureña de Sucre, sede del máximo tribunal, ordenó tres años de reclusión para los únicos ministros que permanecieron en Bolivia y se sometieron al juicio: Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara.

Fueron condenados también los generales Roberto Claros y Juan Véliz, a 15 años; Osvaldo Quiroga y Luis Aranda, a 11 años, y Gonzalo Rocabado a 10 años de prisión.

"Se ha hecho justicia, pero falta el principal asesino", gritó una de las familiares de las víctimas de la masacre tras la lectura de la sentencia.

Para Freddy Avalos, abogado de las víctimas, "es un hecho histórico esta sentencia y a partir de hoy se ha sentado precedente para que nunca más haya militares que actúen al margen de la ley, esperemos que se siga trabajando para que todos los acusados tengan su sentencia".

El ex presidente Sánchez de Lozada ha dicho repetidamente desde Estados Unidos que no retornaría a Bolivia mientras no vea condiciones para un juicio imparcial.

Sánchez de Lozada, quien fue presidente en dos períodos, impulsó una profunda privatización de la economía boliviana que el presidente Evo Morales trata ahora de revertir mediante una política de nacionalizaciones.

Morales ha acusado varias veces a Estados Unidos de proteger a Sánchez de Lozada, bloqueando gestiones de extradición amparado en su condición de refugiado político. También ha chocado con el gobierno peruano luego de que Lima diera también refugio a varios ex ministros acusados.