Río de Janeiro. El juez de la Corte Suprema brasileña Luís Roberto Barroso anuló los indultos navideños concedidos por el presidente Michel Temer en diciembre a todas aquellas personas acusadas de corrupción, tráfico de influencia o delitos contra el sistema financiero.

Barroso, quien este lunes se había mostrado crítico con los indultos navideños a varios presos, explicitó los casos en los que el decreto queda suspendido, por inconstitucionalidad, y definió las nuevas exigencias para que las partes que no fueron suspendidas puedan ser aplicadas, como por ejemplo, el cumplimiento de al menos un tercio de la pena -en el texto original se preveía un quinto.

Barroso determinó que quedan fuera del alcance del indulto los delitos de cuello blanco (como peculado, corrupción, tráfico de influencia o delitos contra el sistema financiero nacional y los previstos en la Ley de Licitaciones, blanqueo de capitales y ocultación de patrimonio, y organización criminal) y las personas condenadas que no estén pagando las multas impuestas por la Justicia.

En estos puntos, la decisión afirma restablecer lo que había sido sugerido por el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria y no había sido acatado por Temer.

El magistrado también acogió la petición de la Fiscalía General y vedó el indulto para casos en que haya un recurso de la acusación pendiente y para sentenciados que se hayan beneficiado anteriormente de la sustitución de la pena privativa de libertad por una pena restrictiva de derechos.

El indulto puede ser aplicado en las hipótesis de crímenes sin violencia o grave amenaza, con dos salvedades: que el preso haya cumplido al menos un tercio de la pena (frente a un quinto previsto en el texto de Temer) y que la pena sea inferior a ocho años de prisión (en el decreto original no había límite).