Brasilia. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil envió este miércoles a la Cámara de Diputados la denuncia por obstrucción de justicia y asociación ilícita contra el presidente Michel Temer, presentada el pasado jueves por el entonces fiscal general, Rodrigo Janot.

     El juez relator del caso, Edson Fachin, rechazó el pedido de la defensa de Temer para que la denuncia fuera reenviada a la Procuraduría General (Fiscalía), posición que fue seguida por los sucesivos miembros del STF hasta que se formó una mayoría de seis votos favorables sobre un total de 11.

     El abogado Antonio Mariz, quien representa al presidente Temer, solicitó que la denuncia fuese reenviada a la Procuraduría, para ajustes "antes del juicio" del STF este miércoles, con el argumento de que la acusación contendría hechos ajenos al ejercicio de la presidencia.

Los jueces rechazaron también el cuestionamiento de la validez de las pruebas recogidas, al señalar que el juicio político precede al análisis técnico-jurídico de las acusaciones.

     Fachin respondió que "el juicio ya se inició" y que inclusive el propio Mariz se manifestó en el pleno del STF.

     Los jueces rechazaron también el cuestionamiento de la validez de las pruebas recogidas, al señalar que el juicio político precede al análisis técnico-jurídico de las acusaciones.

     Como ocurrió con una primera denuncia por corrupción pasiva contra Temer presentada por Janot en junio pasado, el STF decidió dar continuidad al trámite legal y remitir la nueva denuncia a la Cámara de Diputados, que deberá definir si autoriza o niega dar continuidad al proceso.

     Janot presentó la segunda denuncia criminal con dos graves acusaciones contra el presidente días antes de terminar su mandato como procurador general, cargo que asumió en su reemplazo el pasado lunes la fiscal Raquel Dodge.

     La acusación de obstrucción de justicia se refiere al supuesto aval de Temer para que los ejecutivos de la empresa JBS compraran el silencio del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.

     La de asociación ilícita se refiere a supuestas actividades ilegales del grupo dirigente del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del cual Temer sería el líder y que habría organizado un amplio esquema de cobro de sobornos.

     Según Janot, los dirigentes pemedebistas recaudaron más de 587 millones de reales (unos US$186 millones) en sobornos.

     Tanto la denuncia presentada en mayo pasado, como la presentada por Janot el pasado jueves al STF, se basan en la delación premiada de los ejecutivos del grupo empresario JBS.

     Entre los elementos que justifican la nueva denuncia se sumaron las informaciones contenidas en otra delación premiada, la del cambista Lucio Funaro, quien actuaba como operador financiero del PMDB y de Eduardo Cunha.

    

    De la misma forma que la primera, la nueva denuncia deberá pasar por el plenario de la Cámara de Diputados para que el proceso contra el mandatario sea autorizado, tal como establece la legislación brasileña.

     De acuerdo con la Constitución, la denuncia presentada contra Temer sólo podrá ser analizada tras la aceptación de 342 diputados, el equivalente a dos tercios de la cámara baja, compuesta por 513 legisladores.

     La primera denuncia por corrupción pasiva fue rechazada por los diputados a inicios de agosto último, con lo cual el mandatario sólo será juzgado tras el fin de su mandato, que vence el 31 de diciembre de 2018.

     Antes de la votación final en el plenario de la Cámara de Diputados, la denuncia tendrá que pasar por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), de modo que el trámite legislativo puede demorar varias semanas y retrasar la votación de reformas estructurales por el gobierno.

     El mes pasado, los diputados rechazaron por 263 votos a 227 la posibilidad de que el STF someta al presidente a un proceso criminal, lo cual, en caso de ocurrir obligaría a apartarlo del cargo por 180 días para proceder al juicio.

     Según los analistas, el gobierno no tiene garantizado el apoyo que le permitió salir victorioso en la votación anterior, debido a que algunos de los acuerdos políticos que llevaron a ese resultado no habrían sido cumplidos.