La Sala de lo Constitucional salvadoreña ordenó además al ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional Civil (PNC) que "no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados”

San Salvador. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó al presidente Nayib Bukele que "se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”.

La CSJ también ordenó al ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional Civil (PNC) que "no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados”, luego de una jornada convulsa que incluyó la militarización del Parlamento bajo órdenes de Bukele.Ante esto, el mandatario reaccionó a través de las redes sociales y publicó: "así, es como las cosas siguieron igual”.

La crisis que enfrenta a los poderes del Estado salvadoreño continuó luego de que el presidente del Congreso, Mario Ponce, calificara las acciones del fin de semana como un "intento de golpe de Estado”, por lo que protestó "enérgicamente”.  Ponce declaró a la prensa que los agentes "invadieron el Órgano Legislativo con armas de guerra” y que no podían "reaccionar al Ejecutivo teniendo una pistola en la frente”.

Ante esto, el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) –entidad fundada luego de la firma de los Acuerdos de Paz-, José Apolonio Tobar, hizo un llamado al diálogo y se ofreció como mediador entre los órganos enfrentados.

Situación preocupante para la democracia. Por su parte, el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Manuel Ernesto Escalante, afirmó a DW que "desde hace una semana, lo que veíamos es una especie de matonería política. El Ejecutivo -sin agotar las vías pacíficas y legales que ya establece nuestro ordenamiento jurídico- se fue a tratar de amedrentar a la Asamblea Legislativa para la aprobación de un préstamo”, lo que califica como "un riesgo de regresión en cuanto a los pocos, pero importantes, avances democráticos que tenemos”.

Escalante aclara que "decir que el presidente de la República se ha extralimitado en sus funciones no significa automáticamente que la Asamblea Legislativa está actuando bien. Dentro del Parlamento hay enormes deudas, también hay enorme irresponsabilidad al tratar de manipular, a través de sus votos, para generar presión a otros órganos del Estado, no solamente el Ejecutivo. Esta situación en la que nos encontramos no ha surgido de manera espontánea, sino que es un proceso que ha ocurrido en los últimos meses por no utilizar las vías pacíficas de diálogo, y mucha de esta responsabilidad la tiene la Asamblea Legislativa”.

"Es curioso que en este contexto se esté discutiendo una nueva Ley de Reconciliación Nacional. No hemos ni cerrado los problemas del conflicto armado cuando estamos generando nuevos problemas democráticos imponiendo a la FAES (Fuerza Armada de El SAlvador) como protagonista”, añade el subdirector del IDHUCA.

"Esta situación en la que el presidente ha utilizado al pueblo en contra de los partidos políticos es porque la inseguridad está aumentando; la población está generando un hartazgo frente a estas dinámicas, sobre todo ahora que ya se demostró que hay partidos políticos que han negociado con las pandillas. En este embrollo, una enorme contribución hará el sistema judicial si tanto el fiscal como los jueces hacen una efectiva investigación que resulte en sanciones proporcionales a los daños causados. Aquí no solo hablo de las negociaciones de los partidos políticos tradicionales, sino que hay un juez que ya le pidió a la Fiscalía que inicie investigaciones con funcionarios del actual gobierno”, agregó Escalante.

"Algo que está pasando desapercibido es que vimos al presidente acompañado de la policía y del ejército. Esas dos instituciones tienen un enorme conflicto de interés –sobre todo para los mandos- porque el préstamo que se está discutiendo es dinero que va a ir a estas instituciones, ellos son los directamente beneficiados por ese crédito. No es que estas instituciones están respaldando al presidente, sino que están velando por sus propios intereses y eso puede ser también un fraude a la voluntad general, especialmente si le agregamos a que ambas instituciones tienen partida secreta y no están siendo transparentes en el manejo de fondos”, señaló el subdirector del IDHUCA.

"No solo es si le dan o no el préstamo al presidente, sino a instituciones que ya se tomaron el Parlamento Nacional y, además, a entidades que no son transparentes en la ejecución de su dinero. Esto, sobre todo para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), es importante tenerlo claro. Este es un aviso. Si el banco –a pesar de eso- está presionando por el préstamo, el BCIE también se puede convertir en responsable de todo lo que está provocando”, sentenció Escalante.