Ciudad de Guatemala. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala dijo el sábado que rechazó una acción de amparo que buscaba inscribir a la ex primera dama Sandra Torres como candidata a la presidencia, dejando a la corte constitucional del país como última y definitiva instancia.

Torres se divorció hace poco del presidente de Guatemala, Alvaro Colom, para sortear así una prohibición constitucional que impide a familiares del mandatario ser candidatos.

El partido gobernante Unión Nacional de la Esperanza (UNE) solicitó hace semanas la inscripción de Torres como su candidata presidencial ante la autoridad electoral, que la rechazó el 30 de junio tras lo cual sus abogados presentaron recursos para revertir la decisión.

"La Corte Suprema de Justicia resolvió declarar sin lugar la solicitud de esa acción de amparo y en consecuencia no otorgó la protección constitucional que fue solicitada", dijo Luis Archila, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Torres marcha en segundo lugar en las encuestas de intención de voto, aunque muy detrás del aspirante por el opositor Partido Patriota, el militar retirado de derecha Otto Pérez Molina.

Aunque representantes de la UNE aún no habían hecho pública su reacción al fallo, abogados del partido y la propia candidata han manifestado en repetidas ocasiones que apelarán hasta la última instancia jurídica para lograr su inscripción, en este caso la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

La corte constitucional es un tribunal colegiado e independiente de los demás organismos del Estado, y que tiene jurisdicción sobre conflictos que involucren a leyes o a otros poderes e instituciones estatales.

El viernes, Torres acudió a una audiencia en la CSJ acompañada por unos 20.000 correligionarios que acordonaron el edificio y gritaron exigiendo su inscripción inmediata.

Torres se divorció de Colom en abril para competir en las elecciones generales del 11 de septiembre próximo. Sin embargo, autoridades electorales rechazaron su inscripción al argumentar que su separación del gobernante era un "fraude de ley", que buscaba evadir la prohibición constitucional.