San José. Fuertes reacciones ha suscitado entre la opinión pública costarricense, especialmente en blogs y redes sociales, una decisión tomada por el Congreso la semana pasada. Con el argumento de luchar contra las drogas, la mayoría del oficialista Partido de Acción Nacional de Costa Rica aprobó la llegada de una flota estadounidense a sus costas. Según el texto del acuerdo, la flota incluye a 7.000 soldados, 46 barcos de guerra, 200 helicópteros de artillería y algunos aviones modernos de combate, que fueron puestos a prueba durante la Guerra del Golfo.

El texto del acuerdo, que fue conocido por medios como La Nación, incluye la exigencia estadounidense de que “el personal de los Estados Unidos en Costa Rica podrá disfrutar de libertad de movimiento y el derecho de realizar las actividades que considere necesarias en el desempeño de su misión”, según se lee en una nota enviada por el Departamento de Estado el 2 de junio.

Una vez divulgado el acuerdo, los bloggers del país reaccionaron con fuerza. Cristian Cambronero, de fusildechispas.com, cuestionó las exigencias norteamericanas: “¡¿Cómo?! ¿Cómo (…) pasó esto? ¿Las actividades “que considere necesarias”? ¿A criterio de quién? ¿Eso es lo que quiere Costa Rica? ¿Es el camino que decidimos? El mismo que adoptó México, el de la militarización y el choque armado”.

Alfonso Palacios cuestionó también en su blog (www.kaosenlared.net) los intereses reales detrás del acuerdo: “Porque lo que es Costa Rica, Panamá y Colombia están rendidas ante los intereses norteamericanos en muchos aspectos. Y ello es parte de una estrategia geopolítica y militar claramente observable. Somos los tres países el ombligo de América. Además, ya habían tomado otras medidas militares, como la reactivación de la flota que ahora circula por aguas internacionales alrededor de América Latina”.

“¡Nuestro país no es base militar de ningún país! Empezando porque no tenemos una propia, para qué vamos a tener de otros países”, comenta un blogger más en la página Cienpiés.

Haciendo eco al debate virtual, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, replicó hace pocos días a través de su cuenta en Twitter: “No admitiremos la militarización de la lucha antidrogas. El permiso legislativo será aclarado”, aseguró. Luego, en una entrevista a una emisora local, afirmó que el acuerdo no es distinto a los que se han venido firmando desde el año 2000. El pacto de patrullaje “implica exclusivamente a personal y autoridades de guardacostas” estadounidenses y afirmó que “no se está incluyendo personal militar”.

Para muchos costarricenses, el tema de la seguridad y el narcotráfico es prioritario. De hecho, fue por haber asumido estas banderas que Chinchilla salió tan fortalecida en las pasadas elecciones. El tema, sin embargo, ha tocado unas fibras muy sensibles en este país centroamericano y se ha convertido en el primer gran reto político para Chinchilla, que llegó a la presidencia con la promesa de luchar contra la violencia y el narcotráfico.

Desde que en 1948 el presidente José Pepe Figueres desmontara el ejército nacional, la neutralidad y el desarme han sido valores fundamentales de la cultura tica. De ahí las fuertes reacciones de la opinión pública, que tienen hoy a Chinchilla en una incómoda situación, muy similar a la vivida por su aliado natural, el presidente colombiano Álvaro Uribe, cuando se divulgó el tratado militar de cooperación con Estados Unidos a mediados del año pasado.

Chinchilla le ha pedido a su ministro de Seguridad, José María Tijerino, que explique las condiciones del acuerdo. Éste ha aparecido en varios medios de comunicación reiterando que los 7.000 efectivos estadounidenses no llegarán de manera simultánea y que se tratará de “grupos de apoyo al Servicio de Guardacosta”.

Las explicaciones, sin embargo, no han bastado para todos los sectores y ya se anuncian acciones legales contra el acuerdo. Este miércoles, el líder de la oposición en la Cámara legislativa, Luis Fishman, ex candidato presidencial y ex ministro de Seguridad, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, con la finalidad de que anule el acuerdo con Washington.