En un debate de control político sobre el tema en el Congreso, el senador Juan Manuel Galán dijo que es tan preocupante la situación que cada preso debe pagar al mes en promedio hasta $5 mil (US$2) para poder contar con el derecho a bañarse y al agua.
En Colombia la crisis carcelaria llegó a un nivel tan impensable que se debe pagar hasta por el derecho al agua.
En un debate de control político sobre el tema en el Congreso, el senador Juan Manuel Galán dijo que es tan preocupante la situación que cada preso debe pagar al mes en promedio hasta $5 mil (US$2) para poder contar con el derecho a bañarse y al agua.
Al hablar del ‘mercado negro’ que se ve al ingreso de todos los centros penitenciarios los días de visitas, Galán citó el caso de la cárcel La Picota, en donde hay “un personaje que le llaman la señor Olga”, y vende tickets para el ingreso, tarjetas prepago de celular y recibe depósitos en efectivo para que algún guardia reciba el dinero dentro del penal con el fin de que se lo haga llegar a algún recluso.
“El dinero en efectivo está absolutamente prohibido por el Código Penitenciario y Carcelario y sigue sucediendo esto en varios centros penitenciarios”, aseguró.
La corrupción de los guardianes. Galán al referirse a los casos de guardianes del Inpec corruptos, habló del proceso “emblemático” de un dragoneante que fue condenado en primera instancia por fuga de presos, y entre la primera y la segunda instancia, el señor se hizo nombrar en una de las juntas directivas de un sindicato.
“El guardia quedó con fuero y el Inpec de manera ineficiente en términos administrativos y jurídicos no presentó a tiempo la demanda ante el juez para el levantamiento del fuero sindical; y aunque el juez ratificó su condena no se pudo levantar el fuero sindical y sigue ahí”, señaló el senador.
Fallas en nuevas cárceles. Galán cuando habló de la ubicación y construcción de las cárceles, también hizo serias críticas al manejo dado por el ministerio del Interior y de Justicia, durante el periodo que estuvo Fabio Valencia Cossio.
Según él, la ubicación de los penales construidos en el gobierno Uribe se dio con criterios políticos y no técnicos.
“Tenemos el caso de la cárcel de Valledupar que fue construida y el servicio de acueducto terminó siendo conectado por todas las fincas y lotes aledaños al penal pero el servicio de agua no se presta adecuadamente en la misma cárcel”, enfatizó.
En el mismo sentido, el senador denunció que los penales se construyeron sin diseños y no apeló la interventoría encargada de la revisión de las obras. De tal orden son las falencias que hay fotografías de reclusos pasándose por los barrotes.
Este martes el Senado en la comisión primera debate sobre la difícil situación de muchos presos y la crisis carcelaria y de corrupción en el Inpec.
