Lima. La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la pasada semana el nombramiento de dos fiscales supremos y designar a otro ha generado un enfrentamiento con la Fiscalía y profundizado la crisis que afronta la Judicatura en Perú.

Este tema se ha sumado a una huelga de trabajadores administrativos, que ha paralizado miles de juicios, al aumento del descrédito de la labor judicial entre la población y la falta de decisión del Congreso, que desde hace años posterga la obligatoria renovación de miembros del TC.

El pasado miércoles, el TC, que es el órgano supremo de interpretación y control de la Constitución, emitió una sentencia en la que anuló el nombramiento de las fiscales supremas Zoradia Avalos y Nora Miraval, y designó en ese puesto a Mateo Castañeda, quien había sido rechazado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en anteriores oportunidades.

La decisión generó la reacción inmediata del CNM, la Fiscalía e incluso del Congreso de la República, donde el legislador oficialista Daniel Abugattas presentó una acusación constitucional contra tres magistrados del TC que emitieron la sentencia.

El presidente del CNM, Pablo Talavera, también pidió al TC que reevalúe la sentencia y anunció que su institución presentará una denuncia penal y constitucional ante el Congreso y la Fiscalía por este caso.

El CNM consideró que la sentencia es "un atentado al orden constitucional" e incluso dijo que se ha usurpado la función de nombramiento de jueces y fiscales que la Constitución le ha otorgado.

Horas antes el Instituto de Defensa Legal (IDL) había señalado en un comunicado que la posición del TC era un "golpe a la democracia y a la institucionalidad del CNM", que es el único ente encargado de designar a los fiscales supremos.

Este enfrentamiento entre instituciones ha vuelto a poner en evidencia los serios problemas que afectan al Poder Judicial, que en una última encuesta de la empresa Gfk figura entre los más desaprobados por la población, con un promedio de 84% de rechazo.

El Poder Judicial también afronta desde hace más de un mes una huelga de trabajadores administrativos que ha afectado el desarrollo de miles de procesos, incluido el que se sigue al expresidente Alberto Fujimori por su presunta participación en el desvío de fondos públicos para comprar la línea editorial de diarios sensacionalistas en el año 2000.

Los trabajadores judiciales piden que se les aumente el salario y que se les excluya de la ley de servicio civil, que establece un régimen laboral único y exclusivo para los servidores en las entidades del Estado y que tendrá evaluaciones de desempeño.

Pero el caso también ha puesto en evidencia las pugnas políticas que se dan al interior del Congreso, que en varias oportunidades no ha logrado ponerse de acuerdo para designar a los nuevos miembros del TC.

El Legislativo ha intentado en los últimos años, incluso hasta el mes pasado, ponerse de acuerdo para nombrar a los nuevos magistrados, pero acusaciones mutuas de pretender colocar a jueces afines a las posiciones políticas de los partidos han frustrado la elección.

En medio de la crisis, el presidente del TC, Óscar Urviola, aseguró que la sentencia que emitió esta semana su institución no es firme y aceptó que "genera extrañeza y opiniones muy abiertas en su contra".

La posición de su presidente ha abierto la posibilidad de que el TC opte por cambiar la sentencia o, en todo caso, haga los ajustes necesarios que permitan alcanzar un acuerdo que ponga fin a la crisis.

Además, han aumentado las voces que exigen al Congreso que defina, de una vez por todas, los cambios de magistrados del Constitucional sin caer en las componendas políticas y con un criterio que pase por elegir a los candidatos con mejores antecedentes académicos y profesionales.

Para intentar calmar las aguas, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, ha pedido al CNM y al TC que concilien sus posiciones.