A 20 días de las elecciones federales y locales, la Procuraduría General de la República y la Fepade preparan un despliegue ministerial el 7 de junio próximo para recibir denuncias inmediatas por posibles actos de violencia o bien delitos electorales.

A 20 días de las elecciones federales y locales, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) preparan un despliegue ministerial el 7 de junio próximo para recibir denuncias inmediatas por posibles actos de violencia o bien delitos electorales. Los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas son los que tendrán mayor atención el día de la jornada comicial.

Aunque autoridades como la PGR, el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, y el presidente del INE, Lorenzo Córdova, confían en que la delincuencia no afectará la jornada de votación en esos estados, marcados por los hechos de violencia o bien por el ataque contra una decena de candidatos, preparan un despliegue importante de ministerios públicos móviles que tendrán presencia en puntos clave de esos cuatro estados, a efecto de permitir el desarrollo de los comicios.

“La idea también es que podamos desarrollar un despliegue ministerial el día de la jornada electoral para efecto de atender directamente las denuncias que presenten ciudadanos y partidos políticos de manera directa con el Instituto Nacional Electoral”, dijo el titular de la Fepade.

El despliegue ministerial de la Fepade se formará con células del ministerio público, policías federales y peritos. El personal portará chalecos guinda, con logotipo de la institución, para identificarse y facilitar su reconocimiento. Estarán en todo el país, en las delegaciones, consejos locales y distritales.

De parte del Instituto Nacional Electoral, quien tiene la facultad para solicitar en cualquier momento a la Secretaría de Gobernación el despliegue de las fuerzas federales en donde considere necesario, la preocupación es en particular en Tlapa, Guerrero, donde integrantes de organizaciones sociales vinculadas con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no han retirado su amenaza de impedir los comicios del 7 de junio.

A ese escenario se suma la amenaza focalizada contra los candidatos, en particular en Michoacán, Guerrero y Tabasco, donde han sido secuestrados, amenazados o asesinados más de una decena de precandidatos y candidatos. En el caso de Jalisco y Tamaulipas, la preocupación de las autoridades electorales y de justicia es que los hechos de violencia que se han presentado no inhiban el voto ciudadano el próximo 7 de junio.

La semana pasada, la procuradora general de la República, Arely Gómez, prometió reaccionar oportunamente ante cualquier denuncia electoral que se realice durante las campañas en marcha y durante la jornada comicial del 7 de junio.

“Serán también procesos electorales en donde la contienda se revela en sí altamente competida y donde la autoridad ministerial debe estar atenta para reaccionar en forma oportuna ante las posibles condiciones de delitos”, afirmó.

De acuerdo con el consejero del INE, Marco Antonio Baños, al menos 15 candidatos a diferentes cargos en el país solicitaron el resguardo ofrecido por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante riesgos a su seguridad.

Sólo se conoce que los candidatos al gobierno de Guerrero, Luis Walton Aburto, del Partido Movimiento Ciudadano; Héctor Antonio Astudillo Flores, de la coalición PRI-PVEM; Karime Iyari Sevilla Álvarez, del partido Nueva Alianza; así como Raymundo Nogueda Analco, candidato por el partido Encuentro Social, cuentan con seguridad de la Policia Federal.

Sin embargo, dejó en claro que “no hay una situación que lleve al INE a tomar medidas extraordinarias o mecanismos de coordinación emergentes con el Ejército, la Marina o Gobernación, eso no existe”.

En el mismo sentido, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que pese a hechos como los “códigos rojos” emitidos en su momento por autoridades de Jalisco y Tamaulipas, por la presencia de las fuerzas federales, “no ha sido sencilla la construcción de este proceso electoral, por el contexto social, político, de inseguridad que atraviesa el país, pero hoy podemos decir que el proceso electoral avanza y que, en unas semanas más, los millones de ciudadanos que formamos parte del listado nominal, podremos ejercer nuestro voto, en donde nos toca votar, con total libertad”, destacó.

La ola de agresiones contra políticos en el actual proceso electoral comenzó en el periódico de precampañas en marzo pasado y no han cesado hasta la semana pasada. Son al menos unos 14 políticos, precandidatos, candidatos y líderes partidistas los que han sido agredidos. Los partidos PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena son quienes han sufrido algún tipo de agresión a sus representantes, en estados como Chihuahua, Guerrero y Michoacán, principalmente.