La Habana. Cuba examinará una inédita propuesta para limitar la permanencia de sus dirigentes en cargos del gobierno, incluido el presidente, siguiendo un proceso que renueva el rumbo político del país socialista en la era post Fidel y Raúl Castro.

Un documento de ocho páginas difundido este viernes por el gobernante Partido Comunista (PCC) propone limitar a dos períodos de cinco años el tiempo de los dirigentes en cargos del gobierno y el Estado, un tema que abordó sorpresivamente el presidente Raúl Castro durante un congreso comunista en abril.

"Proyectar la renovación paulatina en los cargos de dirección, y definir los límites de permanencia por tiempo y edades, según las funciones y complejidades de cada responsabilidad", dice el texto que será analizado por los militantes comunistas en la I Conferencia Nacional del PCC, en enero de 2012.

Sería la primera vez en medio siglo que el gobierno toma esa iniciativa para la sucesión de los cargos políticos. Fidel Castro estuvo al frente del país como presidente durante 49 años y fue reemplazado por su hermano Raúl en el 2008 debido a una enfermedad.

"Limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales", destaca el documento sin más detalles.

Un total de 97 propuestas están incluidas en el documento del PCC, cuyos militantes comenzarán a examinar la semana próxima en sus centros de trabajo y estudio.

Los preparativos para la conferencia llegan en medio una fuerte ofensiva anticorrupción encabezada por Castro, destapando casos en la aviación civil, las industria de los habanos y el níquel, así como en varias compañías comerciales extranjeras radicadas en la isla.

La reunión de enero se producirá también en medio de la puesta en marcha de más de 300 reformas que buscan reactivar la frágil economía doméstica de estilo soviético manteniendo la supervivencia del socialismo.

El PCC, único partido político reconocido en Cuba, tiene aproximadamente 800.000 miembros entre los 11,2 millones de habitantes de la isla y está considerado "la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado", según establece la Constitución de 1976.