La Habana. Cuba llevó este viernes a juicio a un contratista estadounidense que arriesga 20 años de cárcel por delitos contra la seguridad del Estado, un incidente que hundió la relación entre ambas naciones a nuevos mínimos.

El proceso contra Alan Gross en un tribunal provincial de La Habana permitirá a Cuba denunciar los programas de Estados Unidos para promover cambios políticos en la isla de gobierno comunista.

El contratista fue detenido en diciembre del 2009 cuando, según las autoridades cubanas, repartía a disidentes equipos prohibidos de comunicación satelital financiados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid).

Gross, de 61 años, llegó al tribunal en un automóvil negro escoltado por dos furgonetas con agentes de la Seguridad del Estado. Según un periodista de Reuters en el lugar, vestía ropa civil.

Su esposa Judy, que viajó de Estados Unidos para el juicio, llegó minutos más tarde acompañada por dos personas. La mujer, que vestía de gris y llevaba gafas de sol, no dijo una palabra a periodistas que aguardaban en la puerta de la corte en una antigua mansión rodeada de vegetación tropical y palmeras.

Diplomáticos occidentales en Cuba creen que el contratista sería juzgado, montado a un avión y enviado a casa por razones humanitarias.

Las autoridades no permitieron el acceso de corresponsales extranjeros a la sala, donde Gross comparecerá ante un panel de cinco jueves.

Detención abota intentos de acercamiento. La detención de Gross abortó el nuevo comienzo ofrecido unos meses antes por el presidente estadounidense, Barack Obama, que eliminó restricciones para que los exiliados cubanos visiten y envíen remesas a la isla.

Estados Unidos admitió que Gross viajó a Cuba con una visa de turista, pero sostiene que no cometió ningún delito y ha exigido su liberación por razones humanitarias.

Pero la fiscalía cubana pidió 20 años de cárcel para el contratista por "actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado", un delito que Cuba castiga incluso con la pena de muerte.

Cuba teme que personas como Gross estén facilitando acceso sin restricciones a internet para que los disidentes usen redes sociales como Twitter, que jugaron un papel clave en el reciente derrocamiento de gobiernos en Túnez y Egipto.

Judíos toman distancia. Washington sostiene que Gross sólo intentaba conectar a grupos de judíos cubanos a internet, restringida en la isla.

Sin embargo, los líderes de la pequeña comunidad judía de Cuba tomaron distancia del contratista.

"No necesitamos los sofisticados aparatos que, según se alega, Gross introdujo en Cuba. Nosotros tenemos internet de forma legal", dijo a Reuters la presidenta de la Comunidad Hebrea de Cuba, Adela Dworin.

"Además, nunca hubiéramos aceptado nada ilegal que dañara la imagen de la comunidad judía ni nuestra relación con este, nuestro país, que nos acogió hace más de 100 años", añadió.

La duración del juicio contra Gross es una incógnita, pero se espera que la fiscalía presente varios testigos, entre ellos un integrante de la comunidad hebrea que llegó en la mañana del viernes al tribunal.

Aunque la vista oral terminara el viernes, el fallo podría demorar varios días en ser divulgado. Gross tendrá 10 días para apelar al Tribunal Supremo.

Diplomáticos occidentales en Cuba creen que el contratista sería juzgado, montado a un avión y enviado a casa por razones humanitarias. Eso fue al menos lo que sugirió en enero una funcionaria del Departamento de Estado que visitó a Gross en La Habana.

Marifeli Perez-Stable, analista de la Florida International University en Miami, piensa que esa sería la mejor fórmula para resucitar las relaciones con Estados Unidos.

"El mejor escenario es juicio, condena y expulsión a Estados Unidos (...) El peor es juicio, condena y que comience a cumplir su sentencia de 20 años. En ese caso apaga y vamos", dijo echando mano a una expresión que los cubanos utilizan cuando todo está perdido.