Asunción, Andina. La Declaración de Asunción adoptada por la XXI Cumbre Iberoamericana hace un fuerte llamado a la transformación del rol del Estado como instrumento de “promoción de un desarrollo sostenible, con justicia social, sin exclusiones y con miras a alcanzar el buen vivir”.

La declaración aprobada este sábado por representantes de los 22 países que componen el organismo -América Latina más España, Portugal y Andorra- hace hincapié, tal como se preveía, en la necesidad de buscar una reformulación del Estado para garantizar el bien común.

El texto explica que “la transformación del Estado es un proceso continuo y constante que incide en las estructuras públicas, en las relaciones entre la administración y la ciudadanía, adaptando sus contenidos para la mejora permanente de la conducción y gestión de los asuntos públicos, con vistas a la promoción de un desarrollo sostenible, con justicia social, sin exclusiones”.

La declaración agrega que “es importante desarrollar las capacidades nacionales para erradicar la pobreza, promover el crecimiento económico sostenido y equitativo y el desarrollo sostenible como objetivo central de la cooperación para el desarrollo”.

Los países iberoamericanos hacen una reafirmación de “los principios y valores del acervo político, económico y social de la Conferencia Iberoamericana, convencidos de la necesidad de fortalecer nuestros Estados para que desempeñen el papel que les corresponde en la conducción de la estrategia de desarrollo integral, en la defensa de la democracia y de la gobernabilidad, en la promoción de la igualdad, en la justicia social y en la garantía y expansión de los derechos de los ciudadanos”.

Los firmantes de la declaración aseguran ser conscientes de que esta cumbre se celebró “en el contexto de una crisis económica y financiera que afecta a varios países del mundo, con profundos ajustes y reacomodos que ponen bajo presión a las instituciones de todos los niveles”.

Según la agencia Telám, también afirman que “la participación ciudadana es un componente esencial de la gestión pública, de la gobernabilidad democrática y de la toma de decisiones en materia de desarrollo sostenible”.

Reconocen que “las políticas fiscales pueden aportar de manera significativa a lograr la equidad distributiva, el aumento en la cobertura y en la mejora de la calidad y del acceso a los servicios públicos”.

Entre los acuerdos alcanzados, se menciona la decisión de “promover la cooperación entre las administraciones públicas de los países iberoamericanos para fomentar la integración regional y propiciar espacios y canales de transferencia e intercambio de conocimientos y experiencias en materia de procesos, proyectos y programas exitosos que, por su impacto social y beneficio a la ciudadanía, puedan ser replicados”.

Por último, el texto refiere también diversos acuerdos alcanzados en temas como apoyo a las “redes regionales de gobierno electrónico”, y la promoción de “cambios progresivos, según corresponda, en las estructuras tributarias para la consolidación de un sistema de recaudación más eficiente”.

También se postula la necesidad de “crear condiciones para una mayor igualdad en los niveles de bienestar, enfatizando el rol del Estado en la erradicación de la pobreza y en la reducción de la desigualdad, a través de una inversión social sostenida”.