Al presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera y al tesorero Omar Alejandro Soto Gil, se les dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en los delitos de privación de la libertad y extorsión.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán informó que una vez que venció el plazo constitucional, la juez de la causa encontró elementos suficientes que acreditaron la probable responsabilidad de los servidores públicos en dichos delitos.

Oseguera Solorio y Soto Gil fueron consignados el pasado 30 de abril, por su probable responsabilidad en estas conductas ilícitas, mismas que consistieron en el cobro de comisiones por obras licitadas y que eran destinadas directamente a un líder de una organización delincuencial.

La Procuraduría estatal explicó que las exigencias a las empresas se hicieron bajo amenazas de causar un daño si no accedían a la entrega del recurso.

Además, existen imputaciones contra el edil y el tesorero con relación a su presunta responsabilidad en el secuestro de un joven, cuyo paradero aún es incierto.

“Cabe destacar que la Procuraduría General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones de diversas conductas delincuenciales que se pueden desprender de los elementos ahora conocidos, así como la probable responsabilidad de otras personas relacionadas en estos hechos”, menciona la dependencia estatal a través de un comunicado.

Cabe recordar que también el presidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez fue detenido la noche del martes 15 de abril, así como Octavio Aburto, edil de Tacámbaro. El primero por presuntamente estar implicado con el cártel de Los Caballeros Templarios. Mientras que el segundo por presuntamente incurrir en el delito de peculado contra el erario.

Además, el entonces secretario de gobierno, Jesús Reyna también fue detenido y posteriormente arraigado, por presuntamente mantener vínculos con líderes de Los Caballeros Templarios.

El gobierno federal emprendió a principios de este año un programa para rescatar al estado de la violencia y la criminalidad, el cual incluye investigaciones contra varios funcionarios que presuntamente están coludidos con criminales.

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