Ciudad de México. El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) no traerá beneficios para 22 mil 779 presos que esperan sentencia tras ser acusados por delitos federales en el viejo esquema.

Estos olvidados de la justicia son 50.3% de la población penitenciaria federal, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

En la reforma constitucional que dio paso a los juicios orales se estableció que los reos deben concluir su proceso con el sistema vigente con el que se inició su proceso, confirmó en una ponencia el ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío.

Y es que al viejo sistema de justicia podría tomarle hasta 21 años resolver los casi 23 mil casos en su poder, si continúa sentenciando a 89 presos al mes en promedio, como ha sucedido en el último año.

"Imagínese cambiar las reglas del juego, el nuevo sistema colapsaría. No existen las salas de juicio oral para procesar a las miles de personas que están ahorita sujetas a un proceso penal y privadas de su libertad”, explicó por su parte el penalista Mario Uribe Olvera, académico de la Universidad Panamericana.

El NSJP, que entró en vigor en todo el país el pasado 18 de junio, establece que los jueces están obligados a liberar al inculpado si han transcurrido dos años sin recibir una sentencia condenatoria.

Enrique Guerrero Aviña, estudiante de la Facultad de  Filosofía de la UNAM, está preso en una celda de alta seguridad en el penal de Puente Grande, Jalisco, en espera de ser sentenciado desde hace más de tres años.

La ONU analizó su caso. Él es uno de los excluidos del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Para ellos, la justicia es ciega... y excluyente

Hace mil 218 días que Enrique Guerrero Aviña, estudiante de la UNAM, está esperando sentencia.

Desde una celda de máxima seguridad en el penal federal de Puente Grande, ubicado en Jalisco, este joven escuchó a su propia defensa calcular que, para el día de su sentencia, podría pasar otros mil o más días en prisión, debido a lo lento que suelen ser los procesos del sistema penal anterior.

En cambio, en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que entró en vigor a nivel federal el pasado 18 de junio, los jueces están obligados a liberar al inculpado si han transcurrido dos años sin una sentencia, transformación que, a Enrique, no benefició.

En la misma situación jurídica de Guerrero Aviña están otros 22 mil 778 presos que fueron acusados por delitos federales en el viejo sistema de justicia penal y que continúan sin sentencia.

Estos olvidados de la justicia son más de la mitad del total de la población penitenciaria federal, 50.3%, según la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

El Nuevo Sistema de Justicia Penal no traerá beneficios para ellos. Hasta la propia Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos estableció que los inculpados deberán concluir su proceso con el sistema vigente con el que se inició su juicio, confirmó José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Imagínate cambiar las reglas del juego, el nuevo sistema colapsaría. No existen las salas de juicio orales para procesar a las miles de personas que están ahorita sujetas a un proceso y privadas de su libertad”, explicó el penalista Mario Uribe Olvera, académico de la Universidad Panamericana.

En todo el territorio nacional sólo hay 39 salas de juicios orales, donde los jueces analizarán los casos relacionados con el fuero federal.

Al viejo sistema de justicia podría tomarle hasta 21 años resolver los casi  23 mil casos en su poder, si continúa sentenciando a un ritmo de 89 presos cada mes, como ha sucedido en los últimos 12 meses.

Una de las constantes críticas al viejo sistema penal, de parte de jóvenes estudiantes inculpados por delitos federales, y a quienes Excélsior entrevistó, no sólo ha sido el largo tiempo que a los jueces les lleva dictar una sentencia, sino también las torturas y vejaciones infligidas por parte de las autoridades, desde que son detenidos y durante su lucha por demostrar su inocencia, recluidos en las cárceles.

Fernando Ernesto Villegas Álvarez, ingeniero en Sistemas por parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN), contó su experiencia luego de pasar tres años en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5 en Villa Aldama, Veracruz, acusado de ser parte de una célula criminal de Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie.