La Paz. La primera huelga general en Bolivia contra el Gobierno izquierdista de Evo Morales arrancó este lunes con escaso impacto, mientras la cúpula sindical iniciaba una marcha de 200 kilómetros por el altiplano en demanda de un fuerte aumento salarial y otras mejoras laborales.

Las protestas sindicales se sumaban a un conflicto resuelto a medias en la región productora de coca de Yungas, que dejó al menos dos muertos, en el choque más duro entre el Gobierno y las organizaciones sociales que hasta hace poco apoyaban incondicionalmente al reelecto mandatario indígena.

La huelga nacional por tiempo indefinido, acatada en principio sólo por sindicatos mineros, y la marcha fueron decididos el jueves por la Central Obrera Boliviana (COB), como segundo paso de una movilización que arrancó la semana pasada con un paro de 24 horas, también de poca fuerza.

Decisión sobre la continuidad de la marcha. "Dirigentes de la COB y de los principales sindicatos hemos firmado esta madrugada (lunes) un acta con el Gobierno, luego de tres días de conversaciones, y en base a ese documento se decidirá si la marcha continúa o no", dijo a reporteros el secretario general de la Federación de Mineros, César Lugo.

El líder de la COB y también minero Pedro Montes anunció, mientras se ponía a la cabeza de centenares de sindicalistas que comenzaron la caminata desde el pueblo de Caracollo hacia La Paz, que las consultas sobre el principio de acuerdo "se harán a todas las organizaciones, para tomar una decisión de consenso".

Montes precisó que el acta COB-Gobierno no resolvía las demandas sindicales pero abría las puertas para una negociación inmediata sobre el incremento salarial y sobre otros temas como demorados cambios en las leyes de trabajo y de pensiones.

No había una versión gubernamental sobre el acta, que en materia salarial implicaría un cambio de la posición oficial, que fue hasta ahora de rechazo a la posibilidad de aprobar un aumento salarial mayor al 5% ya decretado.

El Gobierno acusó a la "derecha cavernaria" y a la embajada de Estados Unidos de alentar las movilizaciones sindicales y llamó a los trabajadores de base a no acatar la huelga nacional.

Dos muertos.  Paralelamente, el Gobierno programó para este martes una reunión del presidente Morales con dirigentes de la provincia cocalera de Caranavi, en el norte de La Paz, que bloquearon durante 12 días una carretera troncal a causa de una disputa sobre el emplazamiento de una industria procesadora de cítricos.

Esa protesta fue disuelta el fin de semana mediante una masiva movilización policial que dejó al menos dos manifestantes muertos y más de 30 detenidos, según reportaron medios locales.

La policía negó su responsabilidad en las muertes y acusó a los bloqueadores de haber utilizado armas de fuego, en lo que fue descrito oficialmente como "movilización política armada".

Los sindicatos cocaleros de Yungas han dado abierto apoyo a Morales en la cadena de elecciones realizadas en los cuatro últimos años, aunque son tradicionalmente rivales de sus pares de la región central de Chapare, que están liderados por el mandatario.