El Consejo de la Judicatura (CJF) aseguró que han puesto especial atención en la selección de quien juzga los casos; también se determinó que el funcionario judicial investigado sea suspendido temporalmente.

El combate a la corrupción es considerado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como un serio problema de seguridad nacional, moral y económico, que obliga a implementar acciones como la aplicación de medidas cautelares; además de la suspensión temporal de los servidores públicos investigados o en procedimientos disciplinarios.

Al publicar un acuerdo general que establece disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, el pleno del CJF considera para ello que ante la importancia del combate a la corrupción, han puesto especial atención en los procesos de selección, vigilancia, permanencia y certificación de los juzgadores federales.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo general estipula que previo dictamen de una investigación por parte de la de la secretaría o contraloría, el pleno del CJF podrá determinar como medida cautelar la suspensión temporal del servidor público en su cargo en el Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto se resuelva lo conducente.

En este documento, divulgado la Judicatura Federal detalla que, no obstante, está comprometido con el respeto a los derechos fundamentales de los servidores públicos sujetos a una investigación o un procedimiento disciplinario, como la presunción de inocencia y el derecho al mínimo vital.

Porcentaje de su salario. En dicho convenio acordaron que los funcionarios del Poder Judicial que sean suspendidos temporalmente para ser sometidos a investigación o procedimiento disciplinario, tienen el derecho a cobrar la tercera parte de su salario base, bajo el concepto de asistencia vital.

“El concepto de asistencia vital consistirá en garantizar que se otorgue al servidor público que haya sido suspendido, el 33% del total de las percepciones relativas al sueldo base y la compensación garantizada que por razón de su cargo le debería corresponder, mientras dure la medida cautelar”, precisa el documento.

El total de las percepciones, aclara el CJF, no incluye aquellas cuyo pago, total o parcial, esté condicionado al ejercicio efectivo del servicio público o funciones inherentes al cargo.

Asimismo, el servidor público suspendido continuará gozando de los servicios que le corresponden como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como del seguro de gastos médicos mayores.

El consejo puntualiza que en caso de que se determine improcedente o infundada la queja o denuncia, el no ejercicio de la acción penal, el archivo temporal de la investigación o la reserva de la averiguación previa o bien, se absuelva al servidor público en el proceso penal respectivo, se reintegrará el total de las percepciones que dejó de percibir a la fecha en que fue decretada la suspensión temporal.

Es de recordar que al final de su administración, el ex presidente Felipe Calderón buscó someter al Poder Judicial a exámenes de confianza y se comprometió a ventilar toda la información contenida en cuanto a posibles casos de corrupción.

Ante ello, en agosto del 2012, durante la sesión solemne en la que fue inaugurado el segundo periodo de sesiones del 2013 del Poder Judicial de la Federación, Juan Silva Meza -entonces presidente del CJF y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- declaró que “siempre defenderemos la dignidad de los juzgadores de la Federación, pero también, siempre de cara a la sociedad, rendiremos cuentas, de acuerdo con el estatuto constitucional y legal que nos corresponda”.

En ese espacio, exhortó a los otros poderes del Estado a reflexionar sobre la conveniencia constitucional de crear controles de confianza para el ingreso, promoción y permanencia de los juzgadores de la Federación, pues, dijo, “quienes aspiran a la titularidad del Poder Judicial de la Federación no deben ser tratados con sospecha, y quienes ya ostentan esta titularidad deben recibir el mismo trato constitucional que los titulares de los otros poderes”.