La Defensoría del Pueblo espera que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) respete la decisión de los organismos del Estado venezolano sobre las inhabilitaciones de ex funcionarios políticos que estuvieron involucrados en manejo irregular de recursos del país mientras ejercían funciones administrativas.

Así lo manifestó este martes la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, al ser entrevistada por Venezolana de Televisión (VTV), donde se refirió al caso del ex alcalde del municipio Chacao, estado Miranda, Leopoldo López, quien se encuentra en Costa Rica tratando de que la CIDH se pronuncie en contra de la decisión de inhabilitación que se le impuso por manejo doloso de recursos del Estado.

Ramírez señaló que en el caso de Leopoldo López "simplemente se ha querido colocar el protagonismo en un persona, en una apuesta de algunos sectores de oposición del país", que tiene fines políticos como victimizar a este personaje que además de estar presuntamente involucrado en malversación de recursos del Estado, pretende ser candidato a la Presidencia de la República, reseñó AVN.

"Pero nosotros esperamos que la decisión de la Corte respete nuestra jurisdicción interna y entienda que nuestro país ha hecho grandes esfuerzos por lograr una mejor administración y una transparencia en el manejo de los recursos públicos", añadió Ramírez.

Agregó que la inhabilitación a López "no implica ninguna condena de tipo penal, inclusive las personas que se encuentran en este supuesto la única restricción que tienen es la de ocupar cargos públicos, y precisamente derivados por manejos dolosos de recursos al frente de responsabilidades políticas que tuvieron en algún momento", por tal razón, no existe ninguna violación a los derechos humanos.

"Hemos sabido que esto se ha llevado a instancias internacionales y ya esperaremos los pronunciamientos para nosotros hacer las evaluaciones necesaria", expresó Ramírez.

Consideró importante aclarar que "definitivamente (la inhabilitación de López) es una decisión interna, administrativa, relativa a la transparencia, la ética y al buen manejo de los recursos dentro de nuestro país".

Explicó que en cualquier situación "la Corte tiene la potestad de recibir casos y evaluarlos. Vamos a esperar el pronunciamiento de la Corte para poder expresar nuestro punto de vista, pero reitero que son restricciones relativas al manejo de los recursos".