El delito por el que se acusa al ex presidente peruano, Alejandro Toledo, de recibir un soborno de US$20 millones de la empresa brasileña Odebrecht, no prescribirá en menos de 30 años, afirmó el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.

El funcionario explicó que las leyes peruanas consideran condenas de hasta 15 años de prisión por delitos como colusión, lavado de activos, cohecho y soborno, mientras que el tiempo de prescripción supera los 30 años.

Toledo, quien fue presidente entre 2001 y 2006, es señalado por el ex encargado de la constructora Odebrecht en Perú, Jorge Barata, de recibir el soborno millonario para otorgar a la empresa brasileña la concesión de la carretera interoceánica.

Duberlí precisó además que una eventual orden de captura de Toledo, quien se encuentra fuera de Perú, deberá ser establecida por la Fiscalía Anticorrupción y solicitada ante el Poder Judicial, donde finalmente se decidirá dicha instrucción.

Autoridades peruanas recaban información sobre el caso, por lo que la Fiscalía Anticorrupción allanó el pasado 4 de febrero la vivienda de Toledo, localizada en el exclusivo barrio limeño de Camacho, donde incautó documentación sensible.

Toledo expresó desde el extranjero su rechazo a las diligencias que adelanta la justicia peruana calificándolas de ilegales, aunque Duberlí subrayó que los allanamientos se hicieron de acuerdo a las leyes peruanas y en coordinación con la Fiscalía.

Según las investigaciones preliminares, el presunto pago a Toledo de US$20 millones fue hecho por Odebrecht en forma escalonada entre 2005 y 2008, mediante depósitos en una cuenta bancaria en Citibank del empresario Josef Maiman, socio y amigo del político.

La justicia peruana investiga en colaboración con la justicia brasileña, el pago de sobornos por alrededor de US$29 millones a los gobiernos de los ex presidentes peruanos Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Como parte de las investigaciones relacionadas a los pagos del consorcio brasileño también se encuentra preso el ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, así como otras tres personas vinculadas a la administración de Alan García.