El gobierno argentino “analiza seriamente” la posibilidad de levantar la demanda civil y penal que interpuso contra los integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú ya que el piquete se levantó.

Desde Fray Bentos esta medida fue vista con desconfianza por los comerciantes de la zona que temen que se retome el corte –levantado por 60 días- tras retirarse la demanda.

El titular de la Asociación de Comerciantes de Fray Bentos, Leopoldo Cayrús dijo a Observa que el levantamiento de la demanda tendría que realizarse cuando el piquete quedara desactivado de forma “permanente” y no en este momento cuando la medida fue adoptada por 60 días.

Cayrús indicó que en Fray Bentos no se avanzó en la demanda que se pretende presentar contra los ambientalistas por los perjuicios que el corte les ocasionó. “Lo que apuntamos es a que junto al gobierno nacional superemos esta instancia que nos trajo muchos problemas que aun no están resueltos”.

El comerciante indicó que los “juicios no sirven de nada si lo de fondo no está arreglado”.

Hasta el momento la Justicia entrerriana no respondió el pedido del Estado argentino para convertirse en querellante, y sigue sin definirse.

Por otra parte, el encargado de materializar la demanda penal y civil, el procurador general del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, no sumó nuevas pruebas a las ya presentadas los primeros días de junio.

Fuentes del oficialismo K confiaron al diario El Observador que desde este jueves, tras la votación que decidió poner fin al corte, el gobierno no hizo más reclamos para que el juez Pimentel le acepte el pedido para ser parte querellante en la causa en la que la Casa Rosada denunció civil y penalmente a 10 asambleístas.