El espionaje estaba dirigido a la Presidencia de la Cámara, a la Junta de Coordinación Política y a la Secretaría General.

(Excelsior.com.mx). La presunta intervención telefónica en la Cámara de Diputados de México estaba dirigida a la presidencia y a la Junta de Coordinación Política, máximos órganos de conducción política en la Cámara Baja.

De acuerdo con la relatoría del caso presentada este día por el presidente de la Cámara, el diputado Guadalupe Acosta, también se hallaron líneas intervenidas en la Secretaría General de la Cámara Baja, así como en la oficina del diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde.

En las próximas horas será instalada una comisión de diputados que dará seguimiento a las investigaciones sobre el presunto espionaje en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

En el reporte realizado por el diputado Acosta Naranjo se establece que, una vez descubierto el presunto espionaje, la empresa contratada para realizar las investigaciones internas (de la cual omite su nombre) encuentra, en el periodo del 6 al 9 de enero, “líneas telefónicas de la presidencia de la Cámara intervenidas”.

Del 10 al 12 de enero, consigna el reporte publicado en la Gaceta Parlamentaria, “la empresa inicia la revisión en las oficinas de la Junta de Coordinación Política; se encuentran las líneas telefónicas con interferencia o escucha en el sitio. En la oficina del grupo parlamentario del diputado Armando Ríos Piter (coordinador de la bancada del PRD)… se encontraron las líneas telefónicas con interferencia o escucha”.

En la inspección a otras áreas de la Cámara Baja se encontró que, el 21 de enero, fueron halladas líneas telefónicas con intervención o escucha en el sitio en la Secretaría General de la Cámara.

El diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde es secretario de la comisión especial encargada de investigar el contrabando de mercancías, armas y drogas al país a través de las aduanas.

En su reporte, la presidencia de la Cámara reafirma que durante el periodo en que la empresa privada realizó sus investigaciones, tuvo obstáculos por parte de personal administrativo del órgano legislativo, concretamente del área de Tecnologías de la Información y de su director.

Apunta que el director de Infraestructura, dependiente de la Dirección General de Tecnologías de la Información, Sergio Olvera Vera, violó el 20 de enero -una vez iniciada la investigación interna- sellos de seguridad colocados en el site (centrales de líneas telefónicas) e ingresó antes de su horario habitual de labores, y que el personal de la Dirección de Seguridad instruido para asegurar el site no evitó el hecho.

Al final de su recuento de los hechos, el reporte establece que, al margen de las probables responsabilidades penales que resulten de la averiguación previa que la PGR ha iniciado, la Contraloría Interna de la Cámara ha verificado, en el ámbito de sus atribuciones, los hallazgos de la investigación, para deslindar las responsabilidades administrativas correspondientes.