Otilio Romano, quien está encausado como “partícipe primario” en 103 casos de violaciones de los derechos humanos, está en Chile desde agosto.

El juez federal de Mendoza, Roque Otilio Romano, prófugo en Chile desde agosto pasado, fue destituido este jueves de su cargo por amparar delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar argentina.

La decisión, unánime, la tomó el Jurado de Enjuiciamiento por la causal genérica de “mal desempeño” por parte de Otilio Romano, quien se encuentra con una visa política por ocho meses en Chile, donde buscó refugio el 14 de agosto último, un día antes de ser suspendido en su cargo por el Consejo de la Magistratura.

Familiares y amigos de las víctimas, presentes en la sala de audiencias del tercer piso de Libertad 731, de esta capital, festejaron cuando, al término de la lectura de las “conclusiones” del Jurado, el secretario del tribunal, Marcelo Bová, expuso que “existe mérito suficiente para proceder a la remoción” de Romano.

El Jurado coincidió con la mayoría de los cargos que los consejeros de la magistratura Hernán Ordiales y Carlos Moreno, como acusadores, formularon contra el ahora destituido camarista.

El pasado 24 de noviembre, cuando comenzó el “jury”, Ordiales y Moreno pidieron la destitución de Romano tras afirmar que “fue funcional al aparato represivo del terrorismo de Estado”, y “deshonró el cargo con el que fue investido por las instituciones de la democracia”.

La defensora oficial de Romano, Fabiana León sostuvo, en cambio, que en esa época “los miembros de la justicia federal no tenían ninguna posibilidad de controlar” los delitos del terrorismo de Estado.

En su sentencia, el Jurado mencionó el “plan amplio, perverso e intrincado” implementado por la dictadura durante el proceso militar previo a la restauración del orden constitucional.

En tal sentido, fueron aludidas declaraciones de testigos que reflejaron la actuación de grupos que invocando órdenes de superiores “secuestraban a personas y las trasladaban a centros clandestinos de detención”, entre ellos el Departamento Central de Policía de Mendoza (conocido como D2) donde eran torturadas.

Hubo casos de abogados detenidos y torturados por el solo hecho de ejercer la defensa de las víctimas de la represión, recordó el tribunal.

El Jurado evaluó, también, la conducta que tuvo Romano hace cuatro meses, cuando, ante la inminente suspensión por parte del Consejo de la Magistratura y su procesamiento por parte del juez federal de Mendoza, Walter Bento, se fue del país para pedir asilo político en Chile.

Esa actitud sumó otro argumento -“por no tener las condiciones morales” para desempeñar el cargo- para que el Jurado dispusiera la destitución de Romano.

Entre las “conclusiones” figuran la “displicencia” e “insensibilidad” que mostró Romano cuando, siendo fiscal federal, omitió denunciar, impulsar y perseguir hechos de los que tuvo conocimiento, considerados como delitos contra los derechos humanos, como la privación ilegal de la libertad y torturas a detenidos.

“Nada hizo sobre los graves delitos” de los que, como fiscal, tomó conocimiento en varios casos a través de las propias víctimas, consignó la sentencia.

Romano, según el Jurado, “desdeñaba reclamos y denuncias de los damnificados” y por lo tanto al tribunal “no le cabe el mínimo atisbo de duda” sobre su responsabilidad en hechos vinculados a la violación de derechos humanos.

En Mendoza, Romano es investigado por la justicia penal federal por 103 denuncias en su contra, por su actuación primero como fiscal y luego como juez subrogante de ese fuero, por hechos ocurridos en 1976 y 1983.

Romano es el segundo camarista federal de Mendoza (primero fue su colega Luis Miret) en ser destituido por omitir actuar o amparar ilícitos, en casos de delitos de lesa humanidad.

Al término de la lectura del veredicto, que insumió unos 20 minutos, Ordiales y Moreno expresaron su satisfacción con el resultado del “jury”.

El fallo “se ajustó a derecho” y “coincidió con la acusación” opinó Ordiales, quien resaltó que la decisión fue unánime y que el tribunal desestimó el argumento de la defensa basado en el aval que le habría brindado el Senado a Romano cuando aprobó su pliego como magistrado federal.

Moreno calificó de “equilibrado” al fallo del tribunal y afirmó que el precedente serviría como base para investigar la legitimidad de los rechazos de los habeas corpus a favor de los detenidos durante la última dictadura militar.

“Excelente” manifestó sobre el fallo el secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Piumato, para quien la remoción de Romano “es una buena noticia para los que queremos una justicia que defienda los derechos consagrados en la Constitución Nacional”.

El Jurado que destituyó a Romano estuvo presidido por la camarista federal María Noli e integrado por la también magistrada María Najurieta, los senadores Rolando Bermejo y Emilio Rached, los diputados Oscar Albrieu y Ricardo Buryaile y el abogado Fabián Sahade.