El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus iniciales en inglés), organización independiente con sede en Nueva York, Estados Unidos, detectó durante el 2015 que el asesinato de al menos dos de los cuatros periodistas asesinados en Veracruz estuvo relacionado con su labor profesional.

La organización no gubernamental —que determina si los periodistas son asesinados por motivos relacionados con su trabajo— registró el caso de Armando Saldaña Morales, de La Ke Buena 100.9 FM, quien fue asesinado entre el 2 de mayo y el 4 de mayo de este año, en la frontera entre Oaxaca y Veracruz.

Saldaña Morales había informado sobre la participación del crimen organizado en el robo de petróleo de los oleoductos que constantemente involucraba a cárteles de drogas como Los Zetas. El 22 de mayo, las autoridades anunciaron que habían capturado a Juan Carlos de la Cruz Vergara como presunto sospechoso. Fue acusado formalmente el 27 de mayo de participar en el asesinato, pero las autoridades no ofrecieron más detalles o un posible motivo.

La hija de la víctima, Cristina Saldaña, expuso a periodistas que estaba decepcionada de que las autoridades de Veracruz no habían tratado de tomar jurisdicción del caso, pues Saldaña vivió en Veracruz y probablemente fue secuestrado en ese estado.

De acuerdo con investigaciones propias del CPJ, averiguar sobre ordeñas ilegales ha sido una cobertura peligrosa para los periodistas en México. En agosto del 2014, el reportero independiente Octavio Rojas Hernández, que trabajó durante dos meses para el periódico de Veracruz El Buen Tono, fue muerto a tiros dos días después de que el diario publicara una noticia sobre una presunta ordeña de gas de tuberías pertenecientes a Pemex por parte del Ejército y policía de Oaxaca.

Este año, el CPJ registró asimismo el asesinato de José Moisés Sánchez Cerezo, del diario La Unión, quien fue asesinado el 2 de enero del 2015; su cuerpo fue encontrado decapitado y desmembrado. Él había denunciado con frecuencia actividades criminales y criticaba a los funcionarios locales, en particular al alcalde Omar Cruz Reyes, así como al gobernador Javier Duarte.

Por su parte, Maureen Meyer y Clay Boggs de, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), advirtieron que en los últimos años Veracruz se ha vuelto especialmente peligroso para las vidas de periodistas: cuatro de los siete periodistas asesinados este año eran de ese estado y 13 periodistas de Veracruz han sido asesinados desde que el gobernador Javier Duarte asumió el cargo en el 2010.

Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle), 43 periodistas fueron asesinados en México entre el 2010 y el 2014.

Abordada recientemente en Xalapa, Veracruz, Sara Irene Herrerías Guerra informó que alrededor de 419 personas de todo el país reciben protección del gobierno a través del Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas, de los cuales calculó que 30 eran de Veracruz, en su mayoría reporteros.

De las 419 personas, 247 eran defensores —112 mujeres y 135 hombres— y 172 periodistas, de los cuales 114 son varones y 58 del género femenino.

Con relación a México, el CPJ registra que 34 periodistas han sido asesinados desde 1992, de los cuales 28 casos permanecen en impunidad; 32% de las víctimas cubría temas de corrupción; 81% de crimen; 13% cultura; 3% derechos humanos; 23% política y 3% deportes.

El CPJ considera a México como uno de los 10 países más mortales para los reporteros durante el 2015. Lo ubica en el sexto lugar, por debajo de Francia, Sudán del Sur, Siria, Bangladesh y Yemen.