Brasilia. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se dirige a un dañino duelo con el Congreso que amenaza con perjudicar las perspectivas de crecimiento de Brasil mientras lucha por contener una rebelión por sus intentos por recortar costos y eliminar la corrupción.

Desde que asumió su mando el 1 de enero, la ex guerrillera de izquierda ha desdeñado los típicos espaldarazos y concesiones que aceitan las ruedas de la política brasileña, dejando a aliados fuera de puestos influyentes y ciñéndose a un ajustado presupuesto.

Sin embargo, está ahora bajo intensa presión para dar pie atrás mientras que parlamentarios de su coalición amenazan con paralizar reformas planificadas para impulsar el crecimiento en la mayor economía de Latinoamérica, que muestra claras señales de desaceleración tras una bonanza en el 2010.

Señales de un quiebre en las relaciones con el Congreso aumentaron esta semana. Varios partidos en la coalición gobernante boicotearon abiertamente proyectos de ley de Rousseff después de que funcionarios de varios partidos fueron mostrados esposados por televisión durante una redada policial anticorrupción en el Ministerio de Turismo.

Un partido pequeño, el Partido de la República (PR), abandonó la coalición.

El líder del principal partido de la coalición gobernante, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), en la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, dijo que la agenda legislativa del gobierno será bloqueada hasta que el Congreso reciba el "respeto que queremos".

"La falta de claridad, de franqueza, de respeto por el parlamento pueden causar una grave insatisfacción", declaró a la prensa.

Tras un enérgico comienzo en que aseguró recortes presupuestarios por US$30.000 millones para contener las presiones inflacionarias, Rousseff se ha visto afectada por una serie de crisis políticas que han precipitado la renuncia de tres ministros.

Su impulso por limpiar ministerios terminaron con la caída del ministro de Transportes -miembro del PR- en julio y se ha propagado a los ministerios de Agricultura y Turismo, que han sido blanco de nuevas acusaciones de sobornos en semanas recientes.

Pagando el precio. El precio que Rousseff está pagando es un profundo deterioro en su relación con el Congreso, cuyo respaldo necesitará para conseguir la aprobación de proyectos de ley ya retrasados para impulsar el crecimiento y mejorar el burocrático ambiente de negocios de Brasil.

Entre éstos destacan la reestructuración del bizantino código tributario del país, una regulación de las regalías de la industria petrolera y un marco regulatorio para el enorme sector de la minería.

"Ella está librando una batalla solitaria contra la corrupción, eso funciona mientras no necesites al Congreso, pero en algún momento ella no necesitará", dijo a Reuters Bolivar Lamounier, un analista y consultor político con sede en Sao Paulo.

Muchos votantes de clase media aprueban el estilo administrativo diligente de Rousseff, pero no están felices debido al lento avance en resolver viejos problemas, desde temas de salud a educación y seguridad pública, han mostrado recientes sondeos de opinión.

Pese a que los índices de aprobación de Rousseff se mantienen altos -obtuvo una aprobación del 67% en el más reciente sondeo Ibope- ha comenzado a caer y sus índices de desaprobación han aumentado al doble este mes, en una señal de que su capital político se está debilitando.

Una desaceleración económica a cerca de 3% a 4% este año desde 7,5% el año pasado probablemente afecte aún más su aprobación, que es menor al 80 por ciento o más logrado por el popular ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula, cuyo carisma y estilo relajado lo ayudó a controlar a la poco manejable coalición, ejerció la presidencia durante una larga bonanza económica que vio a millones de brasileños entrar a la clase media.

En contraste, Rousseff ha tenido que tomar medidas luego de fuertes gastos durante el año electoral 2010, que presionaron al presupuesto e impulsaron la inflación, que actualmente es de 6,87% anual.

Durante los siete meses de gobierno de Rousseff, el Banco Central ha elevado la tasa de interés referencial, Selic, cinco veces a 12,5%, elevando los costos del crédito para los brasileños corrientes.