El Partido Comunista (PC) y el partido Izquierda Cristiana han presentado la noción que busca anular esa Ley, la cual fue promulgada por el gobierno anterior de Sebastián Piñera (2010-2014) que dio privilegios a las grandes empresas pesquera.
Santiago. La Cámara de Diputados de Chile decidirá la próxima semana anular o no la cuestionada Ley de Pesca, tras confirmarse que el senador de derecha Jaime Orpis recibió dinero de la empresa CorPesca para incluir párrafos en la legislación que le dieron ventaja en la pesca.
El Partido Comunista (PC) y el partido Izquierda Cristiana han presentado la noción que busca anular esa Ley, la cual fue promulgada por el gobierno anterior de Sebastián Piñera (2010-2014) que dio privilegios a las grandes empresas pesqueras y afectó seriamente a los pescadores artesanales del país.
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado declaró que Orpis se desempeñó en el senado como "un funcionario de Corpesca en el Parlamento" y, el diputado Vlado Mirosevic recordó hoy que varios diputados venían denunciando hace tiempo las injerencias del mundo empresarial en la política.
"No me cabe ninguna duda que en el fondo Orpis era un funcionario de Corpesca en 'comisión de servicio' en el Senado y si no hay presiones de la industria y del gobierno, la Ley de Pesca será anulada", comentó.
Mirosevic agregó que "si se cambian las reglas del juego, considerando que las siete familias tienen los derechos de propiedad de la pesca en Chile, tendríamos que concederles a este grupo de empresas millonarias indemnizaciones. Por eso, se ha optado por la opción de la nulidad: Que esta ley nunca haya existido y no se paga a nadie".
Explicó que "en el fondo se amparan en que, hacer borrón y cuenta nueva de esta ley, tendría efectos muy negativos, porque significaría volver a la ley anterior que era peor. Queremos anular la ley e iniciar una nueva discusión, sin los actores que fueron determinantes en el proceso anterior y porque estaban coludidos con la industria", indicó Mirosevic.
Por lo mismo, argumentó que resulta importante entender cuál es el panorama actual respecto de las influencias de la industria pesquera entre los diputados y senadores, considerando que los rostros no son muy distintos de los del período anterior.
También aseguró que en la coalición de gobierno, la Nueva Mayoría, un grupo grande de parlamentarios ha anunciado que votará por la nulidad por el interés de dar una importante señal política al país.
Diputados de la derecha afirman que la propuesta de nulidad de la Ley sería inconstitucional y, por eso, han estado dilatando el debate en la Cámara de Diputados, donde no tienen mayoría.
El presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez, confirmó que recibió el informe de la Secretaría, respecto de la admisibilidad del proyecto que anularía la mencionada ley.
No obstante, hay preocupación porque el gobierno aún no toma una postura respecto de esta decisión, particularmente desde la Subsecretaría de Pesca.
El jefe de la bancada de diputados PC-IC, Daniel Núñez, sostuvo que la legislación aprobada hace más de dos años tiene vicios de origen, considerando los antecedentes que han surgido en el marco de la investigación del caso Corpesca.
Afirmó que "es por todos conocido que en medio del trámite de esta ley hubo aportes de las empresas, particularmente Corpesca, al senador Orpis y a la ex diputada Marta Isasi", ambos de la derechista Unión Demócrata Independiente.
Explicó que, evidentemente, estos aportes fueron soborno, compra de votos para beneficiar directamente a las empresas pesqueras en una ley que les entregaba la propiedad de los peces. "Por lo tanto, está claro que esta no es una ley democrática, no es soberana, es una ley que nace del soborno", indicó.
Si se derogara la ley, el Estado tendría que pagar 10 mil millones de dólares a esas empresas, pero si se anula, no habría que indemnizarlas.
El vocero de la Confederación Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Machuca, apoya la anulación de la ley puesto que a su juicio, "sólo beneficia a siete familias, y no cuenta con un Comité Científico de alta presencia ni un Comité de Manejo descentralizado".
