Diputados al Congreso Nacional "cobran impuesto de guerra" por colocar a los activistas en cargos en la administración pública, denunció ayer el liberal por Cortés, Carlos Martínez.

El congresista no reveló nombres, pero dijo estar dispuesto a comparecer ante la Comisión de Ética para argumentar su denuncia que tiene su origen- según dijo- en la propia voz de los activistas.

La denuncia de Martínez coincide con la publicación de un informe de Transparencia Internacional que ubica a Honduras como el país más corrupto de Centroamérica y el cuarto en Latinoamérica.

"Este es el momento propicio para denunciar que tristemente hay diputados de los cinco partidos políticos que cobran un impuesto de guerra a las personas a quienes les consiguen un puesto de trabajo en el gobierno", declaró Martínez.

Expuso que estos diputados colocan a los activistas en cargos públicos con la condición de que mensualmente les paguen una cuota que va desde mil lempiras (US$51) hasta cinco mil lempiras (US$259), cuota que es obligatoria a cambio de mantenerlos en su trabajo.

Martínez expuso que hay activistas que pueden presentar como pruebas las copias de los boucher de los cheques que demuestran que se están realizando ese tipo de pagos.