José Miguel Vivanco, le manfiestó al gobierno que no se puede permitir que la reforma autorice al Congreso suspender la ejecución de penas de prisión emitidas contra guerrilleros, paramilitares o militares.

Una nueva carta de Human Rights Watch evidencia el rechazo de esa ONG al proyecto del marco legal para la paz que está en trámite en el Congreso.

Aunque el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, explicó el alcance de la iniciativa y aseguró que no habrá impunidad, no fueron válidas las explicaciones dadas por el funcionario.

Según la misiva, todo podría llevar a la impunidad en muchos procesos que en contra de varios sectores del conflicto armado se puedan dar y por ende, dejaría a Colombia ad portas de que se permita la intervención de la justicia internacional.

El director de dicha ONG, José Miguel Vivanco, le manfiestó al gobierno que no se puede permitir que la reforma autorice al Congreso suspender la ejecución de penas de prisión emitidas contra guerrilleros, paramilitares o militares.

"Para asegurar la rendición de cuentas de los abusos aberrantes cometidos por los actores armados colombianos, apoyamos resueltamente el diseño de una estrategia que asigne prioridad a casos importantes", detalló la misiva.

"Sin embargo, el Marco Jurídico para la Paz no constituye una estrategia para que los fiscales se concentren inicialmente en ciertos casos e investiguen posteriormente los demás. Por el contrario, la reforma permitiría que el Congreso exima de persecución penal a los responsables de delitos de lesa humanidad y asegure que incluso los máximos responsables de los delitos más graves no cumplan un día en prisión", agregó el texto.

Además, continuó con que "cuando la legislación de un país procura que algunas personas que cometieron delitos aberrantes eludan su responsabilidad penal, la CPI podría investigar, acusar y enjuiciarlas en razón de que el Estado no está en condiciones o no tiene intención de juzgar en forma genuina a los responsables de estos abusos".

La semana pasada, el ministro de Justicia dijo que ese proyecto nunca abrirá caminos de “impunidad” como se ha advertido en muchos sectores. “A nadie se la ha ocurrido la idea de una reforma constitucional para la impunidad; eso sería renunciar a aspectos esenciales del Estado de Derecho y eso no se le ocurriría ni al Congreso de la República, ni a ninguno de los funcionarios del gobierno, ni al Congreso”, sostuvo.

En el mismo sentido, el alto funcionario dijo que “el gobierno está absolutamente convencido de la importancia del proyecto, en su trascendencia y vocación futura, fundamental para el día de un proceso de paz”.

“La idea es estar preparados y que no nos ocurra lo que nos sucedió con justicia y paz, que no teníamos los cimientos preparados para la construcción del edificio y el edificio ha tenido evidentes fallas”, explicó.