La Habana. El disidente cubano Guillermo Fariñas, cuya huelga de hambre de más de cuatro meses presionó al Gobierno para comenzar a liberar a medio centenar de presos políticos, fue dado de alta este jueves del hospital donde estaba internado y espera retomar el periodismo independiente.

Fariñas, un psicólogo de 48 años que antes de su huelga de hambre escribía en internet artículos críticos sobre la sociedad cubana, levantó su ayuno de 135 días el 8 de julio, el día siguiente en que el presidente Raúl Castro prometió a la Iglesia católica que liberaría a 52 presos políticos.

"Después de esta semana comenzaremos a redactar artículos para el foro Cubanacan Press, que es el blog donde nosotros laboramos", dijo Fariñas por teléfono a Reuters, tras regresar de un hospital en Santa Clara, la ciudad donde vive a 270 kilómetros al este de La Habana.

Testigos dijeron que el jueves Fariñas recibió en la sala de su casa a amigos y periodistas, en pijama y sentado en un sillón.

Más temprano, Alicia Hernández, la madre de Fariñas, dijo a Reuters que su hijo continuaría siendo tratado por un coágulo en la yugular.

"Ha recuperado algo de peso. Está comiendo, pero en pequeñas cantidades", dijo Hernández, una enfermera jubilada.

Médicos intensivistas mantuvieron desde mediados de marzo con vida a Fariñas suministrándole líquidos y alimentos por vía intravenosa.

Fariñas dijo que se siente "disminuido físicamente" y no puede caminar bien.

Su huelga de hambre elevó la presión internacional sobre el gobierno cubano, duramente criticado por la muerte en febrero del preso político en huelga de hambre Orlando Zapata.

Un grupo de 20 de los 52 disidentes presos que Raúl Castro se comprometió a liberar ya viajaron a España. Funcionarios cubanos han sugerido que están dispuestos a liberar a todos los demás presos políticos, alrededor de un centenar.

Pero Fariñas sostiene que estará pendiente de si el Gobierno cumple el plazo dado de hasta cuatro meses para completar la liberación de los disidentes, quienes habían sido condenados a penas de entre 6 y 28 años en 2003.

"Todavía quedan 26 (presos políticos) en ser invitados a irse o no irse del país y tenemos la preocupación sobre lo que va a ocurrir con los que han decidido no irse", dijo.

"Vamos a esperar hasta el 7 de noviembre para ver si el Gobierno cumple con la palabra que le dio a la Iglesia católica y a la opinión pública nacional e internacional", agregó.