Después de que el ex gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa se allanara en el proceso de extradición sobre delitos del fuero común, aún su estancia en Guatemala no está definida, ya que el próximo 4 de julio tendrá una nueva audiencia en este país centroamericano, en donde se decidirá si se allana, es decir, acepta la extradición para enfrentar también los procesos que le sigue la Procuraduría General de la República (PGR).

Por lo que el caso del ex gobernador podría tomar dos rumbos, explicó el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Alberto Nava.

Si enfrenta los delitos federales... En caso de allanarse y enfrentar los procesos de la PGR, su traslado a México se suscitaría una semana o semana y media después de la audiencia del 4 de julio en Guatemala.

En México no tendría derecho a la libertad provisional, ya que los delitos federales se consideran como graves.

Si acepta los procesos federales por delincuencia organizada y lavado de dinero, no significa que estaría reconociendo las acusaciones, sino que sólo accede a responder ante las investigaciones que se realicen.

En nuestro país, tanto la Fiscalía General del Estado de Veracruz como la PGR tendrán que ponerse de acuerdo para que una de las dos instancias inicien con las imputaciones hacia el exgobernador.

De ser culpable, Javier Duarte tendría que cumplir tanto las sentencias federales como las locales; no obstante, éstas no son acumulables entre sí.

El juicio en México, con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, duraría entre uno y dos años.

Si rechaza las acusaciones... En caso de no aceptar las imputaciones de la Procuraduría, Javier Duarte podría llevar el caso en Guatemala para no afrontar dichos cargos, en ese caso, el juicio podría durar de seis meses hasta un año, difícilmente se puede ampliar este plazo.

No hay forma —después de allanarse ante los procesos que se le siguen en Veracruz— de que Javier Duarte pueda salir libre durante su estancia en Guatemala.

La Procuraduría General de la República tendría que litigar en Guatemala para poder lograr que el exgobernador de Veracruz responda por las acusaciones federales que pesan sobre él, que son delincuencia organizada y lavado de dinero.